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El sindicato USO ha denunciado a 15 establecimientos de lujo por no tener personal de seguridad acreditado para custodiar sus tiendas.Chanel, Loewe, Montblanc, Bulgari… Al menos 15 establecimientos del barrio de Salamanca, el más lujoso de Madrid, han sido denunciados por no contar, supuestamente, con miembros de seguridad acreditados para custodiar sus tiendas ante robos e incidentes, según ha comprobado Unión Sindical Obrera (USO).
En las últimas semanas este sindicato ha presentado una quincena de denuncias a la Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía, que ya ha resuelto que efectivamente al menos en Chanel, Loewe y Montblanc hay irregularidades en la gestión de la seguridad. “El intrusismo es uno de los mayores problemas de este sector, que está provocando por un lado que mucha gente que sí está formada vaya al paro, y que no haya ninguna garantía para los clientes de estos sitios. Porque nunca pasa nada, pero cuando lo haga será gordo”, asegura Basilio Febles, secretario general de la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada del sindicato. En concreto, los establecimientos denunciados en la zona considerada como la milla de oro son: Chanel, Bodybell, Salvador Bachiller, Hermes, Joyería Grassy, Bulgari, Loewe, Luois Vuitton, Montblanc, Multiespacio Gastronómico Platea, Stell/McCartney, Valentino, Versace, Yves Saint Laurent y Zadig & Voltaire.
Acreditados por el Ministerio En España actualmente hay 300.000 personas acreditadas por el Ministerio del Interior para realizar este trabajo, pero solo 80.000 están actualmente en activo aunque hay muchos más vigilantes ejerciendo. “Cuando un cliente va a una empresa de servicios y les dicen que tiene que pagar 15 euros la hora por un vigilante les parece caro. Y en vez de dar explicaciones; decir que es una persona profesional, con titulación, formación… Les ofrecen un 'auxiliar' por la mitad, y claro, el cliente lo que quiere es ahorrarse ese dinero”, explica José Carbonell, vicepresidente de la Asociación Marea Negra, que también lucha contra este problema endémico del sector. “Siempre ha habido intrusismo, pero hasta la crisis había trabajo para todos. Es desde hace unos años cuando más se están notando las consecuencias”.
Un vigilante de seguridad no acreditado no puede retener a un ladrón hasta que llega la Policía Desde esta plataforma denuncian cada año cerca de 600 casos de intrusismo en toda España y en todo tipo de sectores donde la seguridad privada está presente: desde las tiendas de lujo a la propia administración pública. “Nos hemos encontrado casos de centros de menores que contratan este tipo de vigilancia no acreditada, y que por tanto no tienen que demostrar que no tienen antecedentes de pederastia o delitos sexuales como sí nos requieren a nosotros”, asegura Carbonell. Todos los vigilantes de seguridad deben contar con una autorización del Ministerio de Interior. Para conseguirla, tienen que realizar un curso acreditado, pasar las pruebas psicofísicas necesarias para portar armas y carecer de antecedentes penales y otras sanciones relacionadas con la seguridad privada, entre otros requisitos. Además, las empresas de seguridad donde se contratan también deben estar reconocidas por el ministerio.
Carbonell advierte también de que ante una situación de robo, estos 'auxiliares de vigilancia', como las empresas de servicios denominan a estos intrusos, no pueden ni si quiera retener al ladrón hasta que llega la Policía, ni tienen conocimientos en primeros auxilios o maniobras antiincendios. Cualquier persona puede comprobar al entrar a un local si el vigilante que custodia la entrada está acreditado o no, porque están obligados a llevar una placa visible a la altura del pecho con el nombre y el número de licencia, y otra en el brazo izquierdo. Aunque vayan con traje, como es habitual en los locales denunciados en esta ocasión.
Sin embargo, si no la llevan es más complicado estimar si efectivamente se trata de un vigilante fraudulento o de otro miembro del personal. De hecho, cuando llega la Policía suelen identificarse como dependientes o conserjes para evadir las posibles multas y sanciones al establecimiento. Por eso, desde el sindicato han llevado una labor detectivesca de vigilancia 'in situ' para demostrarlo: “Vamos a las tiendas y observamos un rato qué hace el supuesto vigilante de seguridad: si está pendiente de los clientes, si mira por los monitores de las cámaras, revisa los bolsos… Y si no tiene placa visible, les preguntamos por algo relacionado con la tienda, para ver si nos responde que no lo sabe porque es el vigilante, o si es un dependiente u otro miembro del personal”, asegura Basilio Febles.
De 30.000 a 60.000 euros de multa Tener seguridad privada no cualificada es una infracción que está penada con una multa de entre 30.000 y 60.000 euros, tanto para la empresa que ofrece este servicio como para la que lo contrata, aunque a esta última solo se le aplica si se demuestra que lo hicieron “a sabiendas”, según recoge la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada. “La gran mayoría de las empresas saben perfectamente lo que han contratado, no me creo que el gerente de Chanel desconozca que tiene un servicio irregular, y menos todavía que si lo hacen sea por dinero”, considera Febles. El secretario general de Seguridad Privada de USO explica que si se han centrado precisamente en estas tiendas es para dar más visibilidad a esta situación y denunciar la falta de actuación policial: “Es como las multas de tráfico, si no haces controles de vez en cuando la gente va a cometer más infracciones”.
Es como las multas de tráfico, si no haces controles de vez en cuando la gente va a cometer más infracciones Sin embargo, los retrasos en la aplicación de estas sanciones hacen que para las empresas sea rentable continuar con las irregularidades: “Al tratarse de una denuncia administrativa, puede alargarse hasta cinco o seis años, en los que pueden seguir teniendo a esos trabajadores en funcionamiento, por lo que al final les compensa económicamente. Por eso pedimos que vaya por la vía penal y se tomen medidas cautelares para que no se beneficien de esta situación mientras dura el proceso legal”, reclama José Carbonell.
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