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El Consejo de Ministros aprobó hoy que más de 800 vigilantes privados ayuden a las Fuerzas de Seguridad a controlar las 67 cárceles españolas. El Gobierno ha tomado esta decisión tras considerar exitosa una prueba piloto que se venía realizando desde 2013. Según informó el Gobierno, el volumen total del contrato afecta a 67 centros penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de 800 personas empleadas.
El Ejecutivo explicó que en 2013 se inició un proyecto piloto consistente en la contratación de servicios de apoyo a la seguridad en los centros penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros penitenciaros existentes. En total se contrataron 56 puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos. Tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la conclusión ha sido “la adecuación de ese modelo de seguridad a las necesidades existentes”, con el objetivo de “optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos, al establecer un reparto de funciones según la competencia, preparación y cualidades del personal, obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles”.
Además, el Gobierno busca destinar el mayor número posible de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos. Compensar la falta de personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad. (SERVIMEDIA)
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