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La Federación de Servicios Públicos de UGT-Aragón ha denunciado a la empresa Seguridad Integral Canaria y Marsegur, responsables, respectivamente, del servicio en el Hospital Militar y en otros centros militares de la Comunidad autónoma, por impago a los trabajadores.
En una nota de prensa, el sindicato informa de que ambas compañías pertenecen al Grupo Ralons y son propiedad del empresario Miguel Ángel Ramírez, quien tiene causas abiertas con la Justicia. Según UGT, en el Hospital Militar la empresa ha sido denunciada en múltiples ocasiones por atraso en el abono de las nóminas y en esta ocasión por impago, ya que los trabajadores no han percibido su salario del mes de abril.
La organización sindical recuerda que el Ministerio de Defensa adjudicó el acuerdo marco para los servicios de vigilancia de sus instalaciones en toda España a Margasegur, con un macrocontrato de 16 millones de euros y que en Aragón afecta a nueve establecimientos militares. En esta empresa la Audiencia Nacional había declarado nulo el convenio colectivo por irregularidades en la representación sindical para constituir un convenio colectivo de ámbito nacional, una situación, asegura UGT, que se repite tras la firma de uno nuevo, a pesar de que la Audiencia Nacional le reprochó su "mala fe" y "temeridad", y la condenó a pagar una sanción de 6.000 euros.
El pasado 1 de mayo la empresa Marsegur empezó a hacerse cargo de la seguridad de parte de los establecimientos militares que hay en Aragón, a falta de incorporarse el Hospital Militar donde está Seguridad Integral Canaria. Los salarios del vigilante de seguridad en Marsegur son un salario base de 726 euros mensuales y el tope bruto anual de 10.768 euros, "un 40 % por debajo del convenio sectorial estatal", según UGT. El sindicato recuerda que Miguel Ángel Ramírez fue condenado en 2011 a tres años de cárcel por delito urbanístico y fue indultado en 2013 por el Consejo de Ministros del Gobierno del Partido Popular.
También está investigado como presunto autor de fraude millonario a Hacienda y a la Seguridad Social, ya que, según un informe de la Inspección de Trabajo, las cantidades evadidas entre 2008 y 2012 "ascenderían a casi 21 millones de euros, 12 millones a la Seguridad Social y 9 a Hacienda".
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