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Comunicado de prensa de CCOO “Las contratas del Ministerio de Defensa están convirtiendo el Museo del Ejército Español en el Museo de los Horrores Laborales y de la Explotación de Trabajadores de España” La nueva contrata de Seguridad del Ministerio de Defensa forma parte del conglomerado empresarial del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que también domina Sinergias Seguridad, la concesionaria de la seguridad de las sedes de la JCCM en Toledo, Ciudad Real y Guadalajara
Las empresas del entorno de Ramírez, con convenio colectivo propio legitimado por la escandalosa Reforma Laboral del PP, se están haciendo con multitud de contratas públicas porque pagan a sus trabajadores 400 euros mensuales menos que el resto de las empresas del sector, que sí aplican el convenio colectivo estatal El ministerio de Defensa ha adjudicado el servicio de vigilancia y seguridad del Museo del Ejército a la Marsegur SA, una compañía del mismo entorno empresarial que Sinergias Seguridad, empresa que -en UTE con Cyrasa Seguridad- también acaba de obtener la contrata del servicio de seguridad de las sedes de la JCCM en las provincias de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara. Ambas han comenzado su contrato el pasado 1 de mayo. Y ambas mantienen con el alma en vilo a los 13 trabajadores que venían prestando los servicios de vigilancia en el Museo del Ejército y a los 130 de la JCCM, que temen que su próxima nómina, y las sucesivas, sean 400 euros inferiores a las que venían cobrando hasta que cambiaron de contrata.
Aprovechando que así se lo permite la Reforma Laboral del PP, tanto Marsegur como Sinergias Seguridad tienen su propio convenio de empresa, muy por debajo del convenio estatal del sector tanto en salarios como en condiciones laborales, lo que permitió a ambas empresas presentar “las ofertas económicas más ventajosas” en los concursos convocados por el Ministerio de Defensa y por la JCCM. Se da la circunstancia de que Sinergias y Marsegur integran, junto con Seguridad Integral Canaria SA y Powert Sic SL la denominada “Asociación de Compañías de Seguridad Privada” (Acosepri). Las cuatro empresas, con sede en las islas Canarias, tienen convenios colectivos propios y son propiedad o están en el entorno del presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, que ya es conocido como ‘el capo de la seguridad privada’ según informó recientemente el digital Voz Populi.
“Nada más llegar Cospedal al Ministerio de Defensa, el Museo del Ejército dejó en la calle a 30 conserjes por no incluir la subrogación en la nueva adjudicación del contrato”, recuerda Carlos García Montoya, responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios de CLM. “La ministra, ex presidenta de CLM, secretaria general del PP y presidenta del PP de CLM, pone ahora a 13 vigilantes de seguridad a la entera disposición del señor Ramírez. Cospedal está convirtiendo el Museo del Ejército Español en el Museo de los Horrores Laborales y de la Explotación de los Trabajadores de España”
Efectivamente, al llegar a Defensa Cospedal y su equipo, la Junta de Contratación del Ministerio otorgó a Marsegur la contrata de los servicios de seguridad de todas las sedes del Ministerio y de sus organismos autónomos, incluido el Museo del Ejército. El contrato, de un año de duración, partía de un presupuesto base de licitación de 18.960.000 euros y le fue adjudicado a Marsegur por 15 millones. Simultáneamente, la empresa Sinergias Seguridad, en Unión Temporal de Empresas con Cyrasa Seguridad, también presentó la “oferta más ventajosa económicamente” en el concurso de la JCCM para adjudicar los servicios de vigilancia y seguridad de sus sedes de Toledo, Ciudad Real y Guadalajara.
Los 130 vigilantes de la JCCM afectados llevan meses movilizándose para exigir que el cambio de contrata no suponga que dejan de estar amparados por el convenio estatal del sector. La nómina de mayo desvelará si Sinergias pretende aplicarles su propio convenio de empresa: “Si la nueva contrata nos aplica su propio convenio, pasaremos de cobrar 400 euros mensuales menos. Y nada nos garantiza que no vaya a ser así", decían hace unas semanas los vigilantes de la JCCM.
Ese mismo miedo y esa misma ansiedad embargan ahora a los 13 vigilantes del Museo del Ejército. “Esta situación es intolerable. Aquí se junta una legislación laboral aberrante y unas fórmulas de contratación de servicios públicos que sólo benefician a piratas como el señor Ramírez, en perjuicio de los trabajadores, de los empresarios honrados y del conjunto del sector”. “Habría que exigir a la patronal de seguridad privada, y las empresas del sector que sí aplican el convenio estatal, que denuncien la posición de ventaja con el que las compañías ligadas al señor Ramírez acuden a los concursos, puesto que sus ofertas económicas, sustentadas en salarios escandalosamente más bajos y en recortes de derechos a los trabajadores, les da como seguros adjudicatarios de estos servicios, y además avalados por la reforma laboral de Rajoy.” “Por cierto, que el Gobierno de Rajoy también indultó al señor Ramírez un delito medioambiental que le condenaba a tres años y un día de cárcel. Y es que la hipocresía de esta gente no tiene límites.”
“Ramírez también está siendo investigado por la presunta comisión de un fraude fiscal de 13,78 millones de euros entre 2008 y 2013 por pagar sistemáticamente las horas extras como dietas (que no tributan) a empleados de Seguridad Integral Canaria SA. Lo cual no ha impedido a Cospedal darle un nuevo contrato de 15 millones de euros.” “Es indecente que las administraciones públicas adjudiquen sus contratas en base exclusivamente, o casi exclusivamente, al precio; convirtiendo estos concursos en burdas subastas al mejor postor, donde las condiciones salariales, sociales, laborales y de toda índole de los trabajadores están en la escala de prioridades en el último escalón.”
“Volvemos a exigir al Parlamento y Gobierno de España que suspendan una Reforma Laboral que sólo beneficia a lo peor del empresariado. Y volvemos a reclamar al Gobierno de CLM el Acuerdo de Estabilidad para el Empleo en las contratas de la JCCM, que corrija y erradique estas situaciones definitivamente. Es más que una necesidad, una urgencia vital para el mantenimiento de las condiciones de estos trabajadores y de la calidad de los servicios públicos que prestamos”.
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