En esta ocasión, las alarmas han saltado en Cádiz. Los vigilantes de seguridad privada que prestan sus servicios para los edificios dependientes del Ministerio de Defensa, se encuentran inmersos en un conflicto laboral que, lamentablemente, viene siendo habitual en el sector.
Aunque es bien conocido que muchas de estas empresas no cumplen con la legislación laboral estatal, paradójicamente, la Administración Pública sigue contratando sus servicios debido a los bajos costes que presentan en los procesos de adjudicación.
Así lo ha manifestado el PSOE de Cádiz, denunciando que los trabajadores están“sufriendo retrasos en el cobro de nóminas”, anticipos o finiquitos tras el cambio de empresa. Una situación peligrosa tratándose de trabajadores que cubren un servicio tan esencial. Durante este mes, entró en vigor el contrato de adjudicación del Ministerio de Defensa a Marsegur Seguridad Privada, “una empresa denunciada por los tribunales de justicia debido a su descuelgue unilateral del convenio colectivo“, advierten desde el PSOE.
Marsegur Seguridad Privada, que acumula múltiples procesos judiciales por irregularidades en materia laboral, es una empresa vinculada a Seguridad Integral Canaria -la anterior adjudicataria del servicio- y que ya fue también señalada como “empresa pirata” del sector.
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