Sostiene que una compañía de seguridad "gestionada" por los acusados recibió facturas falsas o "infladas" de otras empresas del grupo familiar. El caso tiene su epicentro en la empresa de seguridad Compañía de Protección y Vigilancia Galaica
Tres años de prisión, multa de 280.000 euros e indemnizar a la Agencia Tributaria en más de 144.000 euros. Es la petición del fiscal para los hermanos Manuel y Alfredo Hermida Rodríguez, a los que acusa de fraude fiscal mediante facturación falsa o inflada. Ésta es una de las causas contra estos empresarios -responsables de todo un entramado de firmas entre ellas las cafeterías La Barraca- que ya ha llegado a la fase de juicio. Otros procedimientos contra ellos son un presunto fraude a la Seguridad Social de casi tres millones de euros con epicentro en su grupo empresarial o la de los falsos cursos de formación a vigilantes de seguridad.
El caso del supuesto fraude fiscal estaba señalado para ayer en el Juzgado Penal 2 de Vigo, pero se suspendió. El caso tiene su epicentro en la empresa de seguridad Compañía de Protección y Vigilancia Galaica. Inicialmente constituida por las esposas de los acusados y con posteriores ampliaciones de capital social que fue poniendo sus acciones a nombre de otras sociedades, la Fiscalía considera que siempre fue "controlada" y "gestionada" por los procesados, "a los que pertenece a través" de esas firmas interpuestas.
El estallido, en 2009 El supuesto fraude fiscal se focaliza en el impuesto de sociedades del ejercicio de 2009 al estimar la Fiscalía que los acusados "disminuyeron artificiosamente la cuota tributaria mediante la recepción aparente de facturación irreal de otras sociedades" también "controladas" por los acusados e "integradas" en el mismo grupo familiar.
Concretamente, el fiscal señala que Compañía de Protección y Vigilancia Galaica recibió "facturación ficticia" por valor de 1,1 millones de euros de una de estas mercantiles, así como facturas "infladas" o "sobrevaloradas" por parte de otras dos sociedades. El supuesto fraude fiscal se sitúa en 144.086 euros. Por estos hechos, el Ministerio Público atribuye a ambos hermanos la comisión de un delito contra la Hacienda Pública y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil.
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