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Hacienda considera “leoninas” las condiciones laborales de la empresa de Miguel Ángel Ramírez, que ha recibido contratos millonarios de la Seguridad Social, Defensa y la propia Agencia Tributaria
Su legión se extiende por todos los rincones de la Administración. Los 3.000 vigilantes que pilota el dueño de Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez, han desembarcado desde 2011 con fuerza en las empresas e instituciones públicas españolas. Organismos como Defensa –que le adjudicó 36,3 millones-, Correos (31), Patrimonio Nacional (9), la Seguridad Social (4) o Hacienda han fichado los servicios de este antiguo guardaespaldas. La Agencia Tributaria maneja un informe desde el pasado mes que arroja luz sobre el secreto del éxito del también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, de Primera División.
El documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, avala la tesis de quienes consideran un ventajista a este empresario de 48 años conocido como el rey de la seguridad low cost por encadenar victorias en los concursos públicos gracias a sus precios imbatibles. Hacienda sostiene ahora que la compañía de Ramírez somete a su plantilla a “condiciones leoninas” y “vulnera las garantías” del Estatuto de los Trabajadores. También que triplica los turnos y duplica la jornada de sus empleados todo el año, cuando solo es posible 15 días, según el Estatuto de los Trabajadores. “Se renuncia a vacaciones y festivos”, critica el organismo, el mismo que pagó 1,5 millones a Ramírez por vigilar sus sedes en Canarias entre 2013 y 2015.
La Agencia Tributaria cree que la compañía "vulnera" el Estatuto de los Trabajadores El informe de Hacienda forma parte de la investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas. Sus pesquisas indagan si Ramírez cometió entre 2009 y 2012 un millonario fraude a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social. El empresario camufló presuntamente parte de los pagos en las nóminas como dietas y kilometrajes, conceptos que no tributan. Ramírez está imputado por este motivo. “Juega con todos estos conceptos [en las nóminas] a su antojo”, apunta Hacienda. También señala que 182 empleados de la compañía que en 2012 percibieron parte del salario en dietas por desplazamiento no pudieron hacerlo porque nunca salieron de Las Palmas.
“Datos manipulados” enviados a Trabajo La Agencia Tributaria remarca que Seguridad Integral Canaria entregó una tabla con “datos claramente manipulados” a la Inspección de Trabajo. Y “pone en entredicho” una declaración ante el juez del empresario donde se desvinculaba en noviembre de 2015 de su propia compañía. “No estoy en la gestión de la empresa… Yo ya hace muchos años que no estoy en el día a día de Seguridad Integral Canaria”, defendió Ramírez ante el instructor. Hacienda, sin embargo, subraya que el presidente de la UD Las Palmas supervisaba las condiciones salariales de su plantilla. Y prueba de ello, dice, es que los documentos de la empresa están salpicados de referencias como “Miguel Ángel Ramírez, Miguel Ángel o MARA”.
En la cartera de clientes del presidente de la UD Las Palmas han figurado la Seguridad Social, Hacienda y el propio Ministerio de Empleo. Ramírez percibió 2,3 millones en 2013 por vigilar la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social de Madrid. El proceso fue legal, ya que la Ley de Contratos solo deja fuera de un concurso público a una empresa condenada. Sus clientes son ahora víctimas. La Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social figuran como personadas en la causa contra el rey de la seguridad.
"Todo es una confabulación", se defiende el empresario Miguel Ángel Ramírez –que tiene en nómina a 7.000 empleados a través de una madeja de una veintena de empresas- enmarca el documento de Hacienda en una “confabulación” para desprestigiarle. “Mi gente me dice que el contenido del informe no es verdad. Yo soy el dueño de la firma, pero no estoy en el día a día […]. Hay mucho artificio […]. Estoy convencido de que la causa judicial se va a archivar”, explica el patrón, que carga con una fianza de 3,5 millones y está defendido por el exmagistrado de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán. El cerco judicial contra el controvertido empresario por un presunto fraude a Hacienda y a la Seguridad Social arrancó en 2013 tras una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional del sindicato FTSP-USO elaborada por el letrado Ismael Franco, de ADR Abogados. “Estas empresas hacen mucho daño al sector. Los precios con los compiten en concursos públicos están por debajo de los costes laborales. Por eso, la mayoría de compañías quiebran o acaban defraudando a Hacienda y a la Seguridad Social para subsistir”, explica Basilio A. Febles, de FTSP-USO.
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