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La reforma de las pensiones propuesta por el Gobierno permitirá ahorrar a la Seguridad Social cerca de 33.000 millones de euros en los próximos nueve años como consecuencia de la aplicación del nuevo índice de revalorización que desligará la subida de las pensiones de la evolución del IPC. Según consta en la memoria del impacto económico del anteproyecto de Ley para la regulación del Factor de Sostenibilidad y del índice de revalorización del sistema de la Seguridad Socia lremitido al Consejo Económico y Social (CES), la aplicación del nuevo índice de revalorización de pensiones permitirá un ahorro estimado de 809 millones en 2014, primer año de su aplicación.
Esa cifra irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones anuales en el periodo 2019-2022. Según el anteproyecto de Ley está previsto que, de aprobarse en los próximos meses el texto sin cambios de calado, en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.
Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes -un total de 11 años-, a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos. Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.
El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018. Más ahorro desde 2019 Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán -previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida- será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.
En este punto, el Ejecutivo justifica que era preferible vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida antes que a otros parámetros como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos. Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de laSeguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022. Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones a Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".
Esa cifra irá aumentando progresivamente hasta estabilizarse en el entorno de los 5.000 millones anuales en el periodo 2019-2022. Según el anteproyecto de Ley está previsto que, de aprobarse en los próximos meses el texto sin cambios de calado, en 2014 sea de aplicación ya este nuevo indicador de revalorización, que sustituirá al IPC y que tendrá en cuenta no sólo la evolución de la inflación, sino también los ingresos y gastos del sistema para garantizar en todo momento que el sistema paga a los pensionistas el importe que puede soportar.
Concretamente, para revalorizar las pensiones de un determinado año se considerará el total de ingresos y gastos agregados del sistema por operaciones corrientes de los seis años anteriores y la estimación de ese año y los cuatro siguientes -un total de 11 años-, a excepción de los correspondientes al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Además, se deducirán de estos capítulos los ingresos y gastos referidos a las prestación por cese de actividad de los trabajadores autónomos y a las pensiones no contributivas, salvo los complementos a mínimos. Así, en los años en que el saldo resultante de estos cálculo gastos e ingresos sea menos favorable las pensiones, se revalorizarán previsiblemente por debajo del IPC interanual, aunque siempre con un mínimo del 0,25%. Por el contrario, en los momentos de bonanza éstas podrán incrementarse hasta un 0,25% por encima de la inflación.
El Gobierno, que en su último cuadro macroeconómico prevé que la Seguridad Social cierre todos los ejercicios hasta 2016 en déficit, asegura que con este nuevo indicador el sistema podría reducir sus desequilibrios en 809,6 millones de euros en 2014, en 1.640 millones en 2015, en 2.490 millones en 2016, en 3.359 millones en 2017 y en 4.242 millones en 2018. Más ahorro desde 2019 Más adelante, el Gobierno espera aplicar el Factor de Sostenibilidad para las pensiones de jubilación que se causen a partir del 1 de enero de 2019, con el objetivo de ajustar la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados en cada momento. Este factor de "equidad intergeneracional" se aplicará una única vez para calcular la pensión de esas nuevas altas, de manera que la prestación que recibirán -previsiblemente durante más años al aumentar la esperanza de vida- será equivalente a la obtenida por quien se haya jubilado con anterioridad.
En este punto, el Ejecutivo justifica que era preferible vincular la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida antes que a otros parámetros como los años necesarios para recibir el 100% de la prestación o el cálculo de la base reguladora para evitar que esta reforma se solapara con la puesta en marcha en 2011 y que aún está afectando a estos elementos. Una vez entre en marcha este mecanismo en 2019, el Gobierno espera que la reducción de los desequilibrios de las cuentas de laSeguridad Social ronde ya los 5.000 millones anuales hasta 2022. Mientras el informe de impacto del anteproyecto de Ley de reforma de las pensiones deja claro que la Seguridad Social ahorrará miles de millones actuando sobre la cuantía de las pensiones, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha asegurado este lunes en declaraciones a Onda Cero que "las pensiones ganarán poder adquisitivo a medio y largo plazo con toda claridad".
El Gobierno niega el recorte El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha negado que la reforma de las pensiones presentada la pasada semana por el Gobierno suponga un recorte del gasto en pensiones, y ha asegurado que esta propuesta diseña un sistema "sostenible en el tiempo, que aspire al equilibrio presupuestario". "La propuesta no recorta el gasto. Ahorrar no es recortar, es canalizar el gasto y asegurar que ese gasto creciente se acompase a las necesidades reales que va a tener la sociedad española y el sistema económico", ha asegurado Burgos. En este sentido, ha remarcado que este ahorro que pretende introducir la reforma es "compatible" con la mejora de las prestaciones y con que las pensiones sigan incrementándose "año a año". El secretario de Estado de la Seguridad Social ha asegurado que el sistema va a seguir aportando "más recursos" a las pensiones y va a seguir generando prestaciones "más altas, que van a cobrar más ciudadanos y durante más tiempo".
"Esto exige un mecanismo que también sea capaz de ordenar este gasto creciente, de equilibrar las aportaciones de los ciudadanos y de garantizar el equilibrio de nuestras cuentas públicas", ha añadido. Asimismo, ha defendido que el factor de sostenibilidad es un elemento "fundamental" para asegurar que el sistema se refuerza frente a las tensiones demográficas y las condiciones económicas, porque garantiza con su reequilibrio el objetivo de asegurar unas pensiones "estables, equitativas, adecuadas y sostenibles". Burgos ha incidido en que el sistema tiene que ayudar a contener un gasto "muy importante", ya que las prensiones contributivas suponen más 100.000 millones de euros anuales, cifra que va a seguir creciendo en los próximos años. En este sentido, ha subrayado que sólo tiendo en cuenta las previsiones de 2012, 2013 y 2014 el déficit del sistema superaría los 35.000 millones de euros. "El sistema de Seguridad Social no puede sostenerse en el tiempo con estas cifras", ha advertido.
FUENTE: elmundo.es/ AQUÍ
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