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Los sindicatos de funcionarios de prisiones han convocado movilizaciones esta semana para exigir al Ministerio del Interior que convoque de forma urgente nuevas plazas de ingreso en este servicio del Estado. Los actos se celebrarán este martes 24 de septiembre, con motivo de la festividad de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias. Será el inicio de una campaña de protestas que los organizaciones convocantes (CCOO, UGT, CSIF, ELA y CIG) extenderán hasta que el Gobierno les garantice la supervivencia del modelo actual de la administración penitenciaria.
Los convocantes sospechan que el Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere privatizar la gestión de las prisiones. El primer paso sería, a su juicio, la externalización de la vigilancia perimetral de los centros penitenciarios. De esa labor se encarga en la actualidad la Guardia Civil, pero en al menos 21 centros de los 83 que dependen de la Administración del Estado(Cataluña tiene las competencias transferidas de los 14 centros que hay en su territorio y opera en ellos de forma autónoma) ya hay agentes de seguridad privada realizando la vigilancia exterior de forma coordinada con efectivos del Instituto Armado.
En principio, el Ministerio del Interior había prometido a los escoltas del País Vasco que se han quedado sin trabajo por el cese de la violencia de ETA que iban a ser contratados para realizar esta labor de vigilancia en las prisiones. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, los agentes de seguridad que están siendo contratados para unirse a la Guardia Civil y aprender a desarrollar esta labor no han ejercido antes la función de escoltas. El plan de Interior es que los agentes del Instituto Armado dejen de hacer esta función en todos los centros dependientes del Estado. La Guardia Civil sólo seguiría haciendo la labor de traslado de los internos, un cometido que siempre ha ejercido en exclusiva.
El primer paso de la entrada de vigilantes A los funcionarios de prisiones no les afectan estos cambios en el exterior de las prisiones, pero los representantes sindicales están convencidos de que la entrada de vigilantes privados en las cárceles y la progresiva eliminación de los empleados públicos sólo es cuestión de tiempo. De hecho, la nueva Ley de Seguridad Privada, que ya está cerca de su aprobación definitiva, abre la puerta a que las firmas del sector presten este servicio en el futuro.
Con todo, en estos momentos la mayor prioridad para los sindicatos es la convocatoria de nuevas plazas de ingreso o, en su defecto, la contratación de interinos para evitar que siga deteriorándose el servicio. La ausencia de incorporaciones les recuerda a las centrales de trabajadores el proceso que vivió Correos antes de que se decidiera la privatización de esta compañía pública. Sobre este punto se van a concentrar las protestas de esta semana. La principal se celebrará en la calle de Alcalá de la capital, frente a la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En la actualidad hay 24.000 funcionarios de prisiones trabajando en los centros dependientes del Estado. En los últimos dos años (2012 y 2013) no se ha aprobado ninguna convocatoria de oposiciones y en los dos ejercicios anteriores (2010 y 2011) el número de plazas no cubrió las bajas por jubilación que genera el sistema. Se estima que cada ejercicio se retiran entre 500 y 600 funcionarios de prisiones. En algunos centros, afirman los sindicatos, la ausencia de empleados comienza a provocar situaciones críticas.
FUENTE: elconfidencial.com AQUÍ
En principio, el Ministerio del Interior había prometido a los escoltas del País Vasco que se han quedado sin trabajo por el cese de la violencia de ETA que iban a ser contratados para realizar esta labor de vigilancia en las prisiones. Sin embargo, según fuentes consultadas por este diario, los agentes de seguridad que están siendo contratados para unirse a la Guardia Civil y aprender a desarrollar esta labor no han ejercido antes la función de escoltas. El plan de Interior es que los agentes del Instituto Armado dejen de hacer esta función en todos los centros dependientes del Estado. La Guardia Civil sólo seguiría haciendo la labor de traslado de los internos, un cometido que siempre ha ejercido en exclusiva.
El primer paso de la entrada de vigilantes A los funcionarios de prisiones no les afectan estos cambios en el exterior de las prisiones, pero los representantes sindicales están convencidos de que la entrada de vigilantes privados en las cárceles y la progresiva eliminación de los empleados públicos sólo es cuestión de tiempo. De hecho, la nueva Ley de Seguridad Privada, que ya está cerca de su aprobación definitiva, abre la puerta a que las firmas del sector presten este servicio en el futuro.
Con todo, en estos momentos la mayor prioridad para los sindicatos es la convocatoria de nuevas plazas de ingreso o, en su defecto, la contratación de interinos para evitar que siga deteriorándose el servicio. La ausencia de incorporaciones les recuerda a las centrales de trabajadores el proceso que vivió Correos antes de que se decidiera la privatización de esta compañía pública. Sobre este punto se van a concentrar las protestas de esta semana. La principal se celebrará en la calle de Alcalá de la capital, frente a la sede de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En la actualidad hay 24.000 funcionarios de prisiones trabajando en los centros dependientes del Estado. En los últimos dos años (2012 y 2013) no se ha aprobado ninguna convocatoria de oposiciones y en los dos ejercicios anteriores (2010 y 2011) el número de plazas no cubrió las bajas por jubilación que genera el sistema. Se estima que cada ejercicio se retiran entre 500 y 600 funcionarios de prisiones. En algunos centros, afirman los sindicatos, la ausencia de empleados comienza a provocar situaciones críticas.
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