La vuelta a casa de miles de jóvenes y la falta de medios de los profesionales aumenta el riesgo de incidentes.
La imagen de los jóvenes enfrentándose a los ertzaintzas por todo el País Vasco en los botellones viene siendo habitual desde hace unos meses. La policía vasca se enfrenta cada fin de semana a grandes disturbios al intentar disolver estas concentraciones, prohibidas por razones sanitarias. Estos agentes son los que más sufren los efectos de la escalada de fiestas en la calle en Euskadi, pero, después de ellos están los agentes de seguridad de los transportes vascos.
El aumento de los botellones y la vuelta a casa de los miles de jóvenes que se congregan en las calles cada fin de semana ha disparado las agresiones a los vigilantes de seguridad del transporte público del País Vasco. El Colectivo Independiente de Seguridad Privada de Euskadi (CISPE) ha señalado a Confidencial Digital, que en los últimos meses, ha habido un aumento de la violencia, de los robos y de los asaltos en los intercambiadores y paradas. Las celebraciones en la calle han aumentado los desplazamientos en masa, difíciles de gestionar por una plantilla insuficiente, aseguran. Algunas empresas han reducido su plantilla por lo que algunos miembros se ven obligados a patrullar en solitario, algo que “no es normal” y que se está “generalizando”.
Además de una insuficiencia de medios humanos, muchos de los vigilantes de seguridad privada no disponen de los medios materiales necesarios para abordar estas situaciones. El sindicato asegura que a muchos de los agentes no se les proporcionan algunos accesorios como los guantes anti cortes y piden que se les doten con esprays de defensa personal y cámaras corporales para una mayor protección jurídica, como se está debatiendo hacer con policías y guardias civiles.
Indefensos ante la ley Los agentes denuncian que no existe una protección jurídica para ellos ante determinadas situaciones. A menos que estén bajo las órdenes de la policía nacional o autonómica, no pueden realizar detenciones y tienen un rango de acción muy limitado. La ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana que regula el ámbito de la seguridad privada, es muy abstracta, y en muchos casos se recurre a la ley anterior de seguridad privada que data de 1994, aseguran desde el CISPE. De esto se llevan quejando años al Ministerio del Interior, que todavía no se ha pronunciado.
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