La Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social en Bizkaia ha emitido en fechas recientes una resolución por la que estima que el síncope sufrido en enero de 2021 por un vigilante en la estación de Abando, en Bilbao, es un accidente de trabajo, según ha informado CCOO Euskadi.
El trabajador, de la empresa Prosetecnisa, desempeña sus tareas como vigilante de seguridad en la estación de tren de Abando, en Bilbao, gestionada por Adif. El síncope que en un principio sufrió el trabajador en el puesto de trabajo ha derivado en una dolencia de tipo cardíaco que está precisando en la actualidad tratamiento de cardiología, según ha explicado el sindicato.
Pese ser «un accidente de trabajo evidente, porque así lo establece la legislación vigente en materia de seguridad social para las dolencias desencadenadas en tiempo y lugar de trabajo», CCOO Euskadi ha denunciado que la mutua MC Mutual, responsable del tratamiento médico y del pago de la prestación de baja médica para las personas trabajadoras de Prosetecnisa en los casos de accidente de trabajo, «ha intentado eludir su responsabilidad».
El sindicato ha indicado que la mutua derivó al trabajador a Osakidetza aludiendo que la patología era «una enfermedad común, con el muy grave perjuicio económico que esto supone para la persona afectada». Esta situación «irregular» no se ha corregido en beneficio del trabajador hasta que no ha sido denunciada ante la Seguridad Social por parte de CCOO.
«CARGA MENTAL» CCOO Euskadi ha recordado que el personal de seguridad privada de la estación de Abando «no sólo vive las situaciones de carga mental, toma de decisiones y apremio características del sector», sino que en este centro de trabajo «se están sucediendo las agresiones al citado personal, lo que sin duda influye en la salud psicosocial del mismo, pudiendo generarse por todo esto patologías cardiacas». El propio trabajador afectado, ha precisado el sindicato, sufrió en abril de 2020 una agresión por parte de un usuario de la estación, que le rompió las gafas.
«Esta agresión ocurrió en la fase más álgida de la pandemia, en una situación de confinamiento, lo que refleja el carácter de servicio esencial del personal de seguridad privada, lo que a su vez contribuía en aquellos momentos al incremento de los factores de riesgo psicosocial», ha concluido.
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