Tras la respuesta del Ministerio de Defensa a una pregunta del diputado Alberto Rodríguez sobre el cumplimiento de los derechos laborales del personal de seguridad, Podemos exige al gobierno central que cumpla con los derechos de los trabajadores de este sector que prestan sus servicios en dependencias del Estado.
Y es que el Gobierno ha respondido que “la Junta de Contratación del Ministerio de Defensa ha elevado consultas tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, como a la propia Asesoría Jurídica del Ministerio de Defensa, sobre la posibilidad de incluir, como criterio de valoración de ofertas para futuros contratos, el compromiso de la empresa licitadora de que aplicará las condiciones establecidas en el convenio colectivo estatal, si son más favorables”, algo totalmente insuficiente para Podemos.
La realidad, denuncia la también diputada Carmen Valido, es que hasta ahora, el Ministerio de Defensa y demás ministerios u organismos del Estado están adjudicando prioritariamente los contratos con empresas de seguridad privada que realicen la mejor oferta económica. Esto provoca la proliferación de empresas piratas, según Valido, las cuales se descuelgan del convenio estatal, aplicando fraudulentos convenios de empresas, como el de Marsegur que ha sido denunciado por la propia Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Las consecuencias para los trabajadores de la seguridad privada de esta contratación pública de empresas pirata son la rebaja salarial, de hasta 400 euros, la tardanza en el pago de nóminas o la realización de horas extras no remuneradas, etc Para Podemos la respuesta del gobierno por tanto no es suficiente y exige que desde ya se empiecen a aplicar cláusulas que recojan los derechos laborales del personal, entre ellos la aplicación obligatoria del convenio estatal. Esta misma exigencia de inclusión de cláusulas sociales que mejoren las condiciones laborales en la contratación pública las ha realizado Podemos en las distintas instituciones en las que tiene representación; parlamento de Canarias y cabildos.
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