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3 de febrero de 2017

Prosegur recurre en la Audiencia Nacional la sanción de 39,4 millones de Competencia

El líder en España de seguridad privada ha provisionado en sus cuentas del pasado ejercicio 105,3 millones sólo por riesgos laborales. En Brasil la compañía lidia cada año con más de 6.000 litigios.

Prosegur ha acudido a la Audiencia Nacional para tratar de evitar el pago de la sanción de 39,4 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia el pasado mes de noviembre. El organismo multó a la multinacional presidida por Helena Revoredo y a la división española de la compañía de seguridad Loomis por repartirse el mercado. En 2016 las provisiones efectuadas por Prosegur por riesgos jurídicos y laborales ascendieron a 123,5 millones de euros, 30,4 millones más que en 2015.

El grupo líder en España en seguridad privada, que enfila la próxima salida a Bolsa de su división Prosegur Cash, indica en el informe financiero anual de 2016 que el pasado día 13 de enero "interpuso recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional solicitando la anulación de la Resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia". Prosegur también requirió "la suspensión cautelar del pago de la sanción impuesta". El grupo añade que no prevé que la sentencia "que ponga fin al procedimiento sea dictada en el ejercicio 2017".

Según la investigación de la CNMC, iniciada por una denuncia anónima, Prosegur y Loomis acordaron precios e intercambiaron información comercial entre los años 2008 y 2015. Contra la resolución del organismo no cabía recurso en vía administrativa, pudiéndose únicamente interponer recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional. El plazo para presentar el recurso en la Audiencia Nacional era de dos meses, por lo que Prosegur ha apurado prácticamente hasta el último día para recurrir la sanción.

La sanción a Prosegur y a Loomis fue la segunda mayor impuesta el pasado año por la CNMC. La primera fue a un grupo de empresas de pañales para adultos, por cártel, 128 millones de euros. El dinero que el organismo recauda por estas sanciones va a parar al Tesoro Público, pero hasta que eso ocurre pasan varios años. Tras el recurso a la Audiencia Nacional, en caso de sentencia desfavorable, es posible acudir al Tribunal Supremo.

Más riesgos Las provisiones efectuadas por Prosegur en 2016 por riesgos laborales, financieros, judiciales, y otros factores ascendieron a los 295,1 millones de euros, frente a los 224,7 millones provisionados en 2015 por los mismos conceptos (70,4 millones más). Contingencias fiscales y laborales sucedidas en Brasil explican en buena parte el incremento de las provisiones anotadas el pasado año. Según el informe financiero del pasado ejercicio publicado esta semana en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Prosegur provisionó 105,3 millones de euros por riesgos laborales (84,2 millones en 2015). El grupo, cuyo beneficio en 2016 cayó un 26%, hasta los 134 millones, explica que dentro de esta partida se incluyen "principalmente provisiones por causas laborales en Brasil, que incluyen demandas efectuadas por ex-empleados y empleados de Prosegur". Sólo por las provisiones laborales surgidas en Brasil la compañía española tuvo que provisionar el pasado año 61,6 millones de euros (48,28 millones en 2015). En los dos últimos años el grupo de seguridad ha lidiado en cada ejercicio con más de 6.000 causas abiertas en el país por temas laborales.

Reclamaciones de impuestos directos e indirectos municipales y estatales surgidos principalmente el pasado año en Brasil, también en Argentina, obligaron a Prosegur el pasado año a provisionar 73,7 millones de euros, casi 20 millones más que en 2015. Litigios en España, Francia, y Brasil llevaron a Prosegur a provisionar 18,2 millones en 2016 (8,9 millones un año antes). Además el grupo con sede en Madrid provisionó el pasado año 97,9 millones de euros por "otros riesgos", que la compañía no especifica, 21 millones más que en 2015. La compañía no precisa en sus cuentas si el pasado año provisionó la cantidad equivalente a la sanción impuesta por Competencia.

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