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La compañía que fue presidida por el exministro Pedro Morenés se deja una docena de contratos desde que anunció el expediente de regulación de empleo el pasado noviembre
La tercera compañía de seguridad privada del país, Segur Ibérica, ha entrado en un proceso de liquidación. Así lo refleja la propia sociedad en el Registro Mercantil, donde aparece también la apertura del concurso que inició la compañía el pasado 22 de diciembre. La firma presentó un expediente de regulación de empleo (ERE) en noviembre que en principio -según afirmó la compañía- no iba a afectar a toda la plantilla (4.000 empleados), sino a un reducido número de trabajadores, extremo que ha quedado ahora en evidencia al decretarse el proceso de liquidación.
La empresa, que fue presidida por el exministro Pedro Morenés antes de su entrada en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, es parte delGrupo Segur, que en 2015 facturó 237,95 millones de euros, un 5,7% más que el año anterior, y cuenta con un total de 7.800 empleados. Sin embargo, desde que anunció el ERE, la mercantil ha reducido considerablemente sus ingresos. En concreto, desde noviembre, ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros.
Las adjudicaciones que se ha dejado por el camino Segur Ibérica en estos últimos cuatro meses las había otorgado Adif (12 millones de euros), Aena (11,3 millones), Acciona (5 millones), Museo del Prado (4), Mutua Madrileña (2,1), Universidad de A Coruña (1,2), EDP España (1,2), Viesgo (1,2), ENCE (822.000 euros), Lidl (593.000), Cellnex (500.000) y Media Mark (360.000). Todas ellas han sido ahora entregadas a otras empresas de seguridad. La más reciente, la del Museo del Prado, que ha sido concedida a Prosegur, principal grupo del sector con una facturación de 896 millones de euros en 2015.
La crisis de Segur Ibérica se ha producido en un contexto complejo para el sector. El incremento de las denominadas empresas pirata -llamadas así por los sindicatos por conseguir contratos presentando ofertas muy baratas a costa de reducir los salarios de los trabajadores por debajo de convenio, una práctica fomentada por la reforma laboral- ha afectado al resto de compañías, algunas de las cuales han sucumbido y acabado funcionando igual. Entre estas últimas está Segur Ibérica, que durante los últimos años ha optado por tirar los precios para conseguir algunos contratos.
Desde el mes de noviembre, la compañía ha perdido contratos que le suponían rentas superiores a los 40 millones de euros
La principal patronal del sector, Aproser, paradójicamente en línea con los sindicatos, ha criticado duramente la reforma laboral que permitía este tipo de prácticas a base de bajar el sueldo hasta cantidades ridículas. De hecho, ha exigido que todos sus asociados paguen por encima de convenio si quieren seguir vinculados a la asociación, requisito que no quiso abrazar Segur Ibérica, que decidió abandonar la patronal. Tanto la presión ejercida por Aproser como la de algunas organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) contra las empresas piratas parece estar empezando a ser escuchada por las administraciones públicas, que son las principales adjudicatarias de servicios de seguridad privada. Al menos por algunas. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, ha revisado los baremos de adjudicación de contratos de seguridad de sus edificios después de que decenas de vigilantes se pusieran en huelga por la concesión de los servicios de la Consejería de Presidencia y Justicia a la mercantil 'pirata' Sinergias, que nada más hacerse con la adjudicación bajó el sueldo a los empleados que subrogó un 40%.
Adif, con 12 millones de euros, o Aena, con 11,3 millones, son algunas de las adjudicaciones que se dejó por el camino en los últimos cuatro meses
La reforma de los criterios emprendida por esta pequeña parte del sector público implica reducir el peso del factor precio en la adjudicación para que las empresas que se descuelgan del convenio tengan menos posibilidades de ganar el concurso e incrementar el de la oferta técnica, más centrada en la prestación de un servicio profesional. En esta línea, de hecho, Prosegur, por ejemplo, acaba de ganar el concurso del Museo del Prado. La mercantil contaba precisamente con el mejor informe técnico, episodio que hace pensar en la existencia de un cambio real de sensibilidad por parte de algunos contratistas públicos.
En este cambio de tendencia en la contratación también ha influido la lucha en los tribunales que la Federación de Seguridad Privada de USO ha emprendido contra las empresas pirata como Seguridad Integral Canaria, Falcon, Magasegur, Protección y Seguridad Galaica, LPM Seguridad o la ya extinta Esabe, que además de tirar los precios, según el sindicato, han defraudado a la Seguridad Social más de 80 millones de euros, como ha reconocido la propia Agencia Tributaria en los diferentes procesos judiciales que se siguen contra estas mercantiles.
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