La compañía de seguridad privada mantiene a sus trabajadores con un convenio como empresa de servicios. Los empleados fueron obligados a firmar una renuncia ‘voluntaria’ para pasar a cobrar hasta 400 euros menos.Pocas veces conocemos qué hay detrás de las compañías de seguridad privada, cuál es su funcionamiento y el código ético con el que se relacionan con sus empleados y clientes. Sin embargo, a muchas les delata su mala praxis. Es el caso de Prosegur, una compañía que desde el año 2012 funciona como una empresa de servicios y no de seguridad privada, actividad que realiza para, posteriormente, obligar a sus trabajadores a firmar una renuncia 'voluntaria' con la que asumen una rebaja salarial de hasta 400 euros. De no aceptarlo, hay despedidos en connivencia con los sindicatos CCOO, UGT, USO y Alternativa Sindical, que no actuan desde el Comité de Empresa de Prosegur: un lobo con piel de cordero.
En el mundo de la seguridad privada ha surgido un nuevo figurante, un lobo con piel de cordero que mientras culpa y mancha la imagen de la competencia, actúa con total impunidad contra sus propios empleados perjudicando, a su vez, a sus clientes. Así es Prosegur, una empresa de servicios, que ofrece seguridad privada y mantiene a sus empleados fuera del convenio de la misma. ¿Cuál es la realidad de esta compañía multinacional? En junio de 2012, el sindicato CCOO promueve elecciones sindicales en la empresa Prosegur Multiservicios S.A., que así se denominaba por entonces. Una compañía que únicamente contaba con menos de diez empleados. A esas elecciones concurrió una administrativa del departamento de Recursos Humanos en Madrid, promovida a interés por la propia Prosegur, que finalmente fue la elegida. "Solo había cuatro o cinco personas en la empresa, todos directivos, y la empresa solo la puso a ella", señala Elena Pérez de Intersindical, "fueron unas elecciones en las que quien ganó era impuesta".
Dos meses después, el 3 de agosto, se registra el convenio de Prosegur Multiservicio S.A., que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado el 25 de septiembre de 2012, donde la empresa se denomina como compañía de servicios y no de seguridad. Pero en el mismo mes de agosto, sufrió un cambio en su denominación social y pasó a llamarse Prosegur Alarmas. Pérez apunta que "nosotros lo denunciamos, puedes ser una empresa de servicios y tener actividad de seguridad privada, pero no es ético". Los empleados fueron subrogados por la nueva compañía, Prosegur Alarmas, pasando de un convenio de seguridad privada a uno propio que perjudicaba considerablemente a sus trabajadores. Los empleados fueron subrogados por la nueva compañía pasando de un convenio de seguridad privada a uno propio que perjudicaba considerablemente a sus trabajadores. Tal es así que, esta nueva medida, supuso una disminución salarial de hasta 400 euros, que afectó a más de 500 trabajadores en toda España."Muchos pasaron de cobrar 1.100 euros a 700, que es lo que les pagan a los nuevos comerciales que entran a la empresa", señala Pérez.
Sin embargo, aunque mantuvieron las condiciones iniciales, posteriormente les obligaron a firmar una renuncia 'voluntaria' a esas condiciones. Un gran número de empleados se negaron, por lo que fueron despedidos. En esa renuncia, el punto cuatro de la misma expresa que "mis nuevas condiciones salariales serán las estipuladas en las tablas, lo que va a implicar en la práctica una merma de mi actual salario que he decidido asumir a cambio de mi adhesión voluntaria a un nuevo sistema de comisiones mucho más ventajoso", que en la realidad no lo era tanto.
Y es ahí donde entra el papel de los sindicatos representados en el Comité de Empresa de Prosegur. CCOO, UGT, USO y Alternativa Sindical no hicieron absolutamente nada por defender los derechos de los trabajadores, dejando actuar con total impunidad a la empresa, aunque el perjuicio fuese considerable. Permitieron el despido de compañeros y las bajadas salariales que se les aplicaron. "Prosegur trata muy bien a los sindicatos para que no digan nada, a Alternativa Sindical le regala 10.000 horas, lo que suponen 100.000 euros", agrega Pérez.
Una compañía de seguridad, sin Comité de Seguridad y Salud Cuesta creer que una empresa que dedica su actividad a la seguridad privada no cuente con un Comité que vigile este área. Pero en un acta del Comité de Empresa fechada el 9 de enero de 2014, se reconoce que "ni en esta ni en anteriores legislaturas se ha llegado a constituir el Comité de Seguridad y Salud, y que no ha existido ni Presidente ni secretario, solo un secretario de actas. Situación que ha permitido el Comité de Empresa". Tras una inspección de trabajo en noviembre de 2014, en la resolución de la misma consta que el Comité de Seguridad y Salud está constituido desde el año 2011 y aportan 25 actas. Aunque acuerdan llevar a cabo una denuncia contra Prosegur por ello, nunca llegan a realizarla. Sin embargo, tras numerosas inspecciones de trabajo y denuncias externas por ello, el sindicato USO cae en una contradicción afirmando que el Comité sí estaba constituido, cuando cinco meses antes había firmado el acta donde se reconocía su inexistencia, además de reconocerse que nunca facilitaron las evaluaciones de riesgo a los trabajadores. Una nueva connivencia más de los sindicatos con la empresa.
En la actualidad continúa sin existir. A pesar de llevarse a cabo elecciones en junio de 2015, un mes después hubo una segregación de empresas y, una vez más, no hubo existencia de dicho Comité. Sin embargo, tras una inspección de trabajo en noviembre de 2014, en la resolución de la misma consta que el Comité de Seguridad y Salud está constituido desde el año 2011 y aportan 25 actas. ¿Cómo es posible ese mismo año los sindicatos representados en el Comité de Empresa reconocen la inexistencia del Comité de Seguridad?
Vigilantes simultaneando funciones Muchas han sido las denuncias presentadas por empleados de Prosegur contra la empresa porque el servicio de acudas –vigilantes en moto o coche– simultaneaban las funciones de verificación de saltos de alarma con las funciones de vigilancia dinámica, algo que queda expresamente prohibido en el artículo 32.2 de la Ley de Seguridad Privada 5/2014. Una situación que fue comprobada por la Policía Nacional en una inspección que realizó en la delegación de Prosegur Alcobendas, en la que acompañaron a los acudas para comprobar dónde se realizaban sus servicios. Durante esa inspección, se tuvieron que desviar los avisos por salto de alarma a la delegación de Prosegur Centro. Una evidencia de que simultaneaban las funciones. Sin embargo, Prosegur nunca fue sancionada por incumplir la Ley de Seguridad Privada. Elena Pérez apunta que "Seguridad Privada no responde a las denuncias que ponemos al respecto" y asegura que "le ha perdonado 300 millones de euros en multas a Prosegur".
Con arreglo a los artículos 16.1, 16.2 a) y 18.1 a) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, es obligatorio que los acudas reciban evaluación de riesgos de los lugares donde deben hacer su ronda de vigilancia. Sin embargo, esto jamás se ha cumplido. De hecho, en una de las operativas de Prosegur, donde figura que el vigilante entra solo, se hace constar que "eventualmente han tenido alguna intrusión de drogadictos e indigentes que duermen en los andamios y entran al inmueble por las ventanas de las plantas superiores".
Asimismo, como única evaluación de riesgo señala que se debe tener "precaución al andar por el interior, hay diverso material esparcido por el suelo", cuando se trata de un edificio casi en ruinas, donde el riesgo es evidentemente mayor. Sin guantes, ni botas, ni casco y mucho menos con los peligros señalizados, así trabajan los vigilantes de Prosegur.
Las mil y una trampas de Prosegur Que los empleados de la empresa de seguridad privada trabajan en unas condiciones cuestionables, es una realidad. No obstante, la compañía lleva tras de sí un largo historial de multas y denuncias por actuaciones de dudosa legalidad. Así, en abril de 2015, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) expedienta a Prosegur por presuntas prácticas concertadas anticompetitivas con Loomis, hecho por el que fue multada con 40 millones en noviembre de 2016. Pero no son los únicos casos, en marzo del pasado año, hacienda reclamaba 20 millones de euros a la compañía por unos impuestos que no había pagado en los ejercicios económicos entre los años 2008 y 2010. Además, ese mismo mes, el sindicalista de USO en el Comité de Empresa de Prosegur, Antonio Duarte, fue investigado por falsedad documental.
Un suma y sigue que ha continuado hasta diciembre del pasado año, cuando la empresa fue condenada por un robo producido en una administración de lotería a la que le prestaba servicio. Su sistema no transmitió señal tras el saboteo de la alarma, lo que suponía un incumplimiento de su principal obligación ofrecida en el contrato y fue condenada a pagar 60.000 euros. Y como no hay dos sin tres, Prosegur comenzó el año con una inspección de la Policía Nacional que descubrió que la empresa solo había dispuesto a 11 agentes de seguridad en la tienda que la empresa Primark tiene ubicada en la Gran Vía de Madrid, cuando en su contrato figuraban 31, hecho que justificó como un "error administrativo". La propia Elena Pérez señala que Seguridad Privada "hace trabajos a medida para sus amigos" y que "ha perdonado una gran cantidad de dinero a Prosegur". Y es que, en aparentes aguas mansas, los fondos están revueltos.
FUENTE: canariasenhora.com AQUÍ
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