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La actuación para adecuar y mejorar los alrededores del paso fronterizo de Barrio Chino, anunciada el pasado lunes por el consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, tuvo ayer sus primeras reacciones.
Un sector de importante presencia en este lugar, los empresarios de la frontera aglutinados en la asociación Acsemel, se mostró esperanzado de lo que esta reforma pueda traer al negocio fronterizo en cuanto a agilidad y fluidez del tránsito. El presidente de esta organización, Abdeselam Mohamed, se mostró, en declaraciones a El Faro, contento de que en noviembre, según los cálculos de la Ciudad Autónoma, vayan a arrancar los trabajos para mejorar el estado de este puesto fronterizo. “Es una zona que estaba en muy mal estado: era imprescindible actuar”, comentó a este diario el representante de estos empresarios.Mohamed considera, asimismo, que se trata de una reforma muy necesaria no sólo para comerciantes y trabajadores, sino también para los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que desempeñan sus funciones en este paso.
Precisamente la principal entidad en el seno de la Benemérita, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), insistió en una postura que lleva tiempo defendiendo: los agentes de este Cuerpo no deben seguir desempeñando labores que, a su juicio, no les corresponden. Se refieren desde la organización a ordenar a los porteadores en colas. AUGC pone sobre la mesa el hecho de que los efectivos del Instituto Armado sólo deberían encargarse de fiscalizar la mercancía, mientras que pide que sean trabajadores del sector de seguridad privada los que pongan orden en las largas filas.
La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) incide en su postura de cerrar el paso de Barrio Chino al conocido como comercio atípico, alegando motivos de seguridad para los agentes y los trabajadores que cruzan la frontera con mercancía. El aval de los comerciantes puede ahora servir de impulso para que los trabajos en esta zona sirvan para poner fin a una situación que, hasta el momento, generaba posturas enfrentadas entre empresarios del sector, asociaciones de la Benemérita y autoridades melillenses.
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