Ana de Diego empezó a trabajar en el Ministerio de Defensa en febrero del 2003 con un contrato de interina para sustituir a una liberada sindical. El decreto de recortes del 2012 redujo el número de liberados sindicales y la trabajadora a la que ella sustituía regresó a su plaza fija. Ella fue despedida sin indemnización. Recogió los objetos personales que se acumulan con los años en los cajones de la oficina (una taza, fotografías, blocs, el cepillo de dientes, etc.) y se fue por la misma puerta por la que había entrado 9 años antes. La mujer acudió a los tribunales y tras un periplo de cuatro años, ha sido la justicia europea la que ha sentenciado que merece una indemnización porque ha sufrido discriminación en sus condiciones de trabajo ya que la indemnización forma parte de las condiciones laborales.
La decisión se basa en una directiva europea (1999/70/CE)inspirada en la carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores: «la realización del mercado interior debe conducir a una mejora de las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. Este proceso se efectuará mediante la aproximación, por la vía del progreso, de dichas condiciones, en particular en lo que respecta a las formas de trabajo distintas del trabajo por tiempo indefinido, como el trabajo de duración determinada, el trabajo a tiempo parcial, el trabajo interino y el trabajo de temporada».
Los legisladores españoles se pasan por el forro la legislación europea, lo que no tiene nada que ver con la soberanía nacional ni el respeto a la idiosincrasia cultural y folklórica propia del Spain is different. Europa es un verdadero Estado de derecho, con leyes y jueces, y suerte tenemos de Europa en materia de protección de los derechos de los trabajadores y de los consumidores.
Ha sido el mazo de Europa el que ha señalado que la ley hipotecaria española permitía desahucios masivos de familias sin garantías o el que ha tachado de abusivas las cláusulas suelo de las hipotecas o la venta indiscriminada de productos financieros de riesgo. Ahora Europa ha asestado un golpe fuerte al abuso laboral en España, la falsa temporalidad y la precariedad. Las sucesivas reformas laborales han facilitado el despido y han masificado la contratación de temporales para cubrir plazas fijas. Los abusos en España no están solo en los empresarios, descansan en las propias leyes y en el Estatuto de los Trabajadores. Debemos exigir al futuro Gobierno, cuando lo haya, las reformas legislativas para que en España las leyes sean justas.
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