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10 de octubre de 2016

CÁDIZ: Denuncian la ausencia de seguridad privada en las oficinas de empleo de la provincia



CSIF Cádiz quiere denunciar la ausencia de personal de seguridad privada en siete oficinas del Servicio Andaluz de Empleo. La Junta de Andalucía se comprometió a renovar el contrato de seguridad en octubre, después de que finalizara en el mes de junio, sin que haya visos de que se vaya a cubrir este servicio a corto plazo.

CSIF Cádiz quiere denunciar la ausencia de personal de seguridad privada en siete oficinas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia (Cádiz (avda. de Portugal), Jerez (Madre de Dios y Capuchinos), Algeciras, La Línea, Barbate y Sanlúcar de Barrameda), una vez finalizó el contrato, el pasado mes de junio, con la empresa que venía realizando este servicio. A día de hoy, la Central Sindical desconoce si a corto plazo se va a cubrir la seguridad privada, a pesar de que la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, dependiente de la Junta de Andalucía, anunciara a finales de junio que en octubre se contrataría una nueva empresa, e incluso se comprometió a ampliar el número de oficinas que contarían con este servicio (pasando de siete a 16, de las 30 que hay en la provincia).

Para el sector de Administración de la Junta de Andalucía de CSIF Cádiz, el SAE “debió haber estado atento y diligente para evitar esta situación en que se han quedado los trabajadores, quienes han afrontado y sufrido agresiones, tanto físicas como verbales, viviendo episodios violentos que han venido incrementándose en los últimos años debido, básicamente, a la falta del personal funcionario suficiente en las oficinas de empleo, y que impiden una prestación adecuada de este esencial servicio público”. De hecho, desde el sindicato que preside en la provincia María José Cano, se recuerda que estos episodios violentos generan entre el personal de las oficinas cuadros de angustia, nerviosismo, ansiedad, miedo a represalias e indefensión. Además, hay que subrayar que el Servicio Andaluz de Empleo no cuenta con un protocolo de actuación ante situaciones violentas sobre su personal y son los propios trabajadores los que tienen que costearse su defensa jurídica en casos de agresiones que lleguen a los tribunales.

CSIF Cádiz tiene constancia de que en el mes de junio se inició el expediente de licitación para adjudicar un nuevo contrato de servicio de seguridad y vigilancia para 16 oficinas del Servicio Andaluz de Empleo en la provincia de Cádiz (las siete que ya tenían, más Cádiz-Avenida Andalucía, Jerez-Merced, San Fernando, Puerto Real, El Puerto, Chiclana, Arcos, Villamartín y Medina) por una duración de tres años, prorrogables a otros tres más. Además, se garantizó la subrogación en el nuevo contrato a los empleados de seguridad que prestaban sus servicios en las siete oficinas. Sin embargo, mediante resolución del 29 de agosto de 2016 la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo declara desierta la licitación por procedimiento abierto convocada para la contratación del Servicio de seguridad y vigilancia para 16 Oficinas del Servicio Andaluz de Empleo al no haberse presentado ninguna empresa.

Para el sector de la Junta de CSIF Cádiz, “el Servicio Andaluz de Empleo ha incumplido su compromiso público de contar en octubre con el Servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas de Empleo”. Aunque actualmente se está tramitando una nueva licitación por un importe mayor, CSIF desconoce cuándo se podrá volver a contar con el servicio de seguridad que dejó de prestarse el pasado 1 de junio. Así, CSIF Cádiz exige a la Junta de Andalucía que se garantice la seguridad de los empleados públicos en todas las oficinas del SAE de la provincia (tanto a los trabajadores de la Administración autonómica como a los dependientes del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE), mediante la contratación urgente de servicios de seguridad. En algunas provincias, como la de Sevilla, todas las oficinas cuentan con este servicio mientras que en Cádiz, la provincia con más desempleo del país, deja a los trabajadores desprotegidos ante posibles agresiones, insultos y amenazas.

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