En plena alerta 4 por la amenaza yihadista, importantes sedes del Ministerio de Defensa llevan meses sin vigilancia armada continua en los accesos. La Unidad Central de Seguridad Privada de la Policía Nacional, que investiga el caso, lo ha detectado en 12 sedes, entre las que se incluyen el edificio del Gobierno Militar en Madrid, la Capitanía de Barcelona y la Subdelegación en San Sebastián. A menudo no hay custodia en las puertas, escáneres y controles de acceso porque los vigilantes no tienen licencia de armas o porque sus armeros no están legalizados.
Estas carencias se han registrado en la Dirección de Acuartelamientos del Ejército, la Dirección de Asistencia al Personal o la Dirección de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, pero también en dos sedes del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), donde se evalúan vehículos, armamento, explosivos, drones y también misiles.
La lista de sedes se completa con la Delegación de Defensa en Guadalajara, la Escuela de Guerra, el Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas y la Inspección General de Sanidad en Madrid, la Capitanía de Barcelona o el Museo del Ejército de Toledo. «Se trata de la custodia de cuarteles del Ejército, en cuyo interior hay armamento e información muy sensible de la seguridad nacional. Esto es muy grave», explica Basilio Febles, de USO. Su sindicato se ha dirigido tres veces a la ministra Cospedal.
Defensa paga a la empresa Novo Segur 18,9 millones por vigilar sus sedes. Pero los 575 vigilantes que la empresa tiene desplegados llevan sin cobrar su sueldo desde diciembre pasado, y cobrándolo a pedazos desde el verano. Los servicios que actualmente incumple Novo Segur son parte de una de las contratas más cuantiosas del Estado, cuya renovación hasta abril del 2020 se licita estos días por 39,2 millones de euros. Una junta de contratación del ministerio debe decidir si renueva o no a Novo Segur.
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