DONOSTIA: Los vigilantes de Zumarraga responsabilizan al Gobierno vasco de su "precariedad"

Este colectivo ha pedido, en un comunicado, mejoras laborales "urgentes" económicas y operativas tanto a la administración pública como a la empresa de seguridad Delta para la que trabajan. 

Los vigilantes del centro de internamiento de menores de Ibaiondo, en Zumarraga, han responsabilizado hoy al Departamento de Justicia del Gobierno vasco de la "precaria y anómala situación" que sufren como consecuencia de la "excesiva y peligrosa carga de trabajo diaria" que soportan.

Estos empleados aseguran que sufren "la imposición de una gran cantidad de tareas impropias y al margen de la ley que regula" el ejercicio de sus atribuciones. Denuncian "incumplimientos e impagos económicos" por parte de la compañía adjudicataria que se hizo cargo de este servicio el 1 de diciembre de 2017. Advierten de que reclamarán las diferencias salariales al Departamento vasco de Justicia como responsable civil subsidiario y a la empresa Delta ya que, en su opinión, se produjeron "irregularidades en la adjudicación de la plica", puesto que no se atendieron los requisitos impuestos para garantizar la "solvencia económica para el abono de nóminas, seguros sociales e impuestos". 

Los vigilantes critican asimismo la actitud del responsable educativo del centro de Ibaiondo por las "irregularidades" que se cometen en estas instalaciones que, a su juicio, "vulneran sistemáticamente la normativa vigente" generando inseguridad para ellos como la "exposición innecesaria" a sufrir lesiones. Recuerdan que las anteriores empresas adjudicatarias del servicio de vigilancia de este centro, que abrió sus puertas en 2003, pagaban a los trabajadores un plus de peligrosidad dado que sus funciones "no son comparables" a las que desempeñan vigilantes que se encuentran en otros destinos. Aseguran además que llevan años realizando "con mucha profesionalidad y sacrificio" un trabajo pese a no recibir la formación por cuenta de las empresas adjudicatarias, ni los cursos apropiados. 

Los vigilantes reclaman una serie de medidas para solventar su "insostenible" situación entre ellas la eliminación de las tareas no atribuibles a sus funciones, el reconocimiento de un plus de peligrosidad, el acceso a mayor formación, la realización de mejoras técnicas en el puesto de control y el cumplimiento de la normativa de justicia juvenil y del protocolo de seguridad del propio centro de Ibaiondo.

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