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Los militares asumen la vigilancia del cuartel por falta de personal de la empresa adjudicataria
El número de vigilantes activos en Huesca de la compañía privada Novo Segur ha pasado de 10 a tres en pocos meses. Los trabajadores denuncian que llevan sin cobrar desde que empezó el año 2018.
Los componentes de la Unidad de Servicios del Acuartelamiento (USAC) Sancho Ramírez, además de encargarse de los trabajos de puesta a punto del cuartel para su próxima reapertura, han asumido desde principios de este mes de marzo la vigilancia de las instalaciones. La empresa Novo Segur se ha quedado sin personal suficiente para llevar a cabo la custodia de este recinto porque de los 10 empleados con los que contaba cuando recibió la adjudicación de este servicio por parte del Ministerio de Defensa solo tres están operativos.
La situación es la consecuencia de una cadena de prácticas que han menoscabado las condiciones laborales de los trabajadores y que han sido denunciadas desde que esta empresa, entonces denominada Marsegur, asumió la vigilancia de las instalaciones militares en toda España en mayo del año pasado. Se ha llegado al punto de que los empleados de Huesca llevan sin cobrar desde que empezó 2018. De los diez que había cuando empezó la contrata solo quedan tres operativos, ya que el resto se ha marchado, está de baja médica o hace huelga. El motivo es la precariedad, según reconocen.
En todo caso, los tres trabajadores en activo solo pueden hacerse cargo de la vigilancia de la Residencia Militar. Esta y el cuartel son los dos edificios de la ciudad de Huesca para los cuales están contratada la seguridad privada. Hasta ahora eran cinco los guardas asignados al Sancho Ramírez, y otros tantos al alojamiento militar, situado en la avenida Ramón y Cajal y de momento sin huéspedes. Los tres vigilantes se encargan de hacer sus propios cuadrantes para prestar el servicio las 24 horas.
Fuentes de Defensa reconocieron que ante esta situación, son los propios militares lo que asumen la tarea de vigilancia del cuartel Sancho Ramírez hasta que se adjudique el nuevo contrato por parte del Ministerio, licitado para un año (de abril de 2018 al mismo mes de 2019) por 23,9 millones de euros (con IVA). Estaba previsto que las ofertas económicas se abrieran el pasado día 8, pero el acto se ha retrasado hasta este miércoles 14.
Cambio de nombre En agosto, los vigilantes privados que trabajan para Defensa en Aragón ya denunciaron que la empresa Marsegur, que subrogó a los trabajadores de la anterior adjudicataria, Seguridad Integral Canaria, "paga por debajo de convenio". De esta forma, un empleado a media jornada que hasta mayo de 2017 cobraba 750 euros, ha pasado a tener una nómina mensual de 400. Quienes están a jornada completa han perdido unos 500 euros al mes. Eso cuando cobran, porque desde que ha empezado el año no han percibido su salario, según dicen. La explicación que han recibido los afectados por parte de la empresa es que "Defensa no les paga a ellos y que por esos no nos pueden abonar el sueldo". Los empleados tampoco cobran horas extras ni pluses.
En julio se convocó la primera huelga y en septiembre, la segunda. Después de esta, la empresa Marsegur cambió su nombre a Novo Segur. Ese mismo mes, el Congreso de los Diputados instó al Ministerio de Defensa a rescindir el contrato que tenía con ella por "el incumplimiento de los derechos de los trabajadores". De hecho, el convenio que aplica a sus empleados está anulado por la Audiencia Nacional, ya que paga un salario base de 789 euros frente a los 1.091 euros del acuerdo sectorial.
Además, Novo Segur acaba de presentar concurso de acreedores. Los sindicatos UGT, CC. OO. y FTSP-USO, integrantes del Observatorio Sectorial de Seguridad Privada, solicitan a los clientes de la empresa "celeridad en la rescisión de los contratos que mantienen con ella y que estos sean adjudicados a otras compañías que cumplan con el convenio colectivo del sector para evitar que los trabajadores de esta pesen por un calvario de varios meses sin cobrar". Este el caso de los empleados de Huesca. Las tres organizaciones sindicales del Observatorio señalan que hace tiempo que "analizan y combaten" este tipo de empresas, "que tiran precios en las adjudicaciones públicas para luego rebajar las condiciones salariales a los trabajadores".
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