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El gobierno local pide "prudencia" y asume el papel de intermediario para intentar que la empresa dé marcha atrás. Podemos y PP rechazan la medida y apremian al ejecutivo
A poco más de una semana para que la mesa de contratación proceda a la apertura de las ofertas presentadas para hacerse con el servicio de vigilancia de las instalaciones municipales -con un presupuesto de licitación de 432.000 euros- el conflicto laboral que desde hace varios meses aqueja a la plantilla ha dado un giro completamente inesperado. La empresa RMD, que presta sus servicios en situación de prórroga forzosa, ha remitido a lo largo de los dos últimos días la carta de despido a cinco trabajadores de la plantilla isleña, formada por un total de 17 profesionales. El comité de empresa, al que pertenecen algunos de los trabajadores afectados, está convencido de que los despidos proseguirán y no descartan que pueda afectar a la totalidad de la plantilla.
La noticia, ante la que los grupos municipales han reaccionado con indignación, llega justo cuando se ha licitado el nuevo contrato para la prestación de este servicio, con el que desde el gobierno municipal se espera poder solventar los problemas -principalmente, reiterados retrasos en el cobro de las nóminas- que los trabajadores llevan denunciando desde el mes de octubre. De hecho, la empresa que ha llevado a cabo estos despidos lleva meses prestando sus servicios en situación de prórroga forzosa debido a que la primera tentativa de adjudicar el contrato quedó desierta y a que en la segunda -en el pasado mes de enero- se dio marcha atrás para adaptarse mejor a la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Mientras tanto, se ha licitado un contrato-puente, que es el que ahora se espera adjudicar y que aplica una nueva valoración económica de las horas extraordinarias. De hecho, el plazo para la presentación de ofertas para las empresas interesadas en hacerse con este nuevo contrato expira mañana jueves. Y para la próxima semana -el jueves- está convocada la mesa de contratación al objeto de proceder a la apertura de plicas y, previsiblemente, realizar una propuesta de adjudicación formal para el servicio.
De ahí que el gobierno municipal intente por todos los medios que la empresa dé marcha atrás en estos despidos. Con sus responsables se reunió ayer por la mañana para abordar el tema y por la tarde se reunió con la representación sindical de los trabajadores. Su objetivo es conseguir que la empresa se reconsidere la situación e impedir que se formalicen los despidos, máxime teniendo en cuenta que el nuevo contrato está a punto de adjudicarse. Desde el equipo de gobierno, explicó el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, se está actuando de "intermediario" entre las dos partes al objeto de alcanzar "una solución de consenso", a la que cree que es posible llegar. De ahí que apelara a la "prudencia" y a la "sensatez".
Los despidos, no obstante, suscitaron la reacción de distintos grupos políticos. Desde Podemos-San Fernando, su portavoz y secretario general en la localidad, Ernesto Díaz, reclamó al gobierno municipal que mediara ante "la situación de indefensión de los trabajadores" y le pidió que diera a la empresa un plazo de 24 horas para que revocara los despidos y que la denunciara "por los abusos laborales". También lamentó que entre los argumentos del despido se aludiera a la información publicada en los medios de comunicación acerca del conflicto laboral y se reclamó la "unidad" de todos los grupos municipales en apoyo de los trabajadores.
También el PP isleño se pronunció ayer acerca de los despidos de los vigilantes de seguridad de las instalaciones municipales. El presidente de la formación en San Fernando, José Loaiza, mostró su rechazo a la medida adoptada por la ajudicataria que -señaló- "se encuentra actualmente muy cuestionada por el trato laboral que ofrece a su plantilla". Desde las filas populares, no obstante, se recriminó al gobierno local su "inmovilismo" respecto a este conflicto laboral. "Creemos que ya es hora de que el gobierno municipal de PSOE y andalucistas abandone el inmovilismo y tome cartas en este asunto. Es la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, la que debe exigir a la empresa explicaciones ante una conducta supuestamente irregular que contravendría tanto el contrato del que fue adjudicataria como, si es el caso, el propio Estatuto de los Trabajadores", afirmó Loaiza, que quiso también trasladar su "total apoyo" a la plantilla de los vigilantes de seguridad en esta complicada tesitura.
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