El magnate de servicios de seguridad en instituciones públicas españolas, Miguel Ángel Ramírez, se ve requerido en un pleno municipal por cometer irregularidades
El magnate de la prestación de servicios de seguridad a instituciones públicas como Defensa, Hacienda o la Seguridad Social, Miguel Ángel Ramírez, empresario líder de Seguridad Integral Canaria, que a su vez ejerce como presidente del Club Deportivo Las Palmas, -dejándose ver con el “pequeño Nicolás” en algunos partidos de fútbol,- se ha visto requerido en el último pleno ordinario del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, como consecuencia de los retrasos en los pagos a los trabajadores que prestan servicio en las instituciones públicas en este municipio como vigilantes de seguridad. Seguridad Integral Canaria fue calificada como una empresa “pirata” en este pleno, y durante la intervención de Basilio Febles, Secretario General a nivel nacional del sindicato FTSP-USO, se puntualizó esta precariedad laboral exigiendo responsabilidades.
“Los trabajadores sufren una gran dosis de estrés cada mes por el incumplimiento de los pagos en tiempo y forma desde hace 36 meses, lo que supone cancelaciones de pagos de hipotecas, recibos, y alimentación, lesionando Derechos Fundamentales de los empelados de seguridad”, ha subrayado el secretario general de USO. En la misma línea de precariedad laboral, los vigilantes que custodian las dependencias del Ministerio de Defensa también han visto su sueldo reducido a la mitad en un solo mes, a raíz del nuevo convenio con la empresa Marsegur, que ha tomado trabajadores transferidos de Seguridad Integral Canaria, algunos de los cuales “se encuentran indignados con esta rebaja de su sueldo, con una gran intranquilidad con estas condiciones laborales, pero siguen haciendo su servicio de vigilantes de seguridad para ciertas instalaciones de Defensa”, según han informado a Diario 16.
Por otra parte, la diputada de Podemos en el Congreso, Carmen Valido, instó recientemente a la Ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, a rescindir el contrato de vigilancia de los cuarteles militares que hay en cuatro islas del Archipiélago, calificando de “pirata” a la empresa de Ramírez, Marsegur. Valido considera “intolerable las condiciones de los trabajadores de esta empresa, y un falso patriotismo del Gobierno de Rajoy”. También la diputada de Podemos, resaltó la indignación porque “Ramírez siga recibiendo adjudicaciones públicas, teniendo causas judiciales abiertas”.
El empresario Ramírez, -presidente del Grupo Ralons-, está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas, en cuanto a sí cometió un fraude a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social entre 2009 y 2012. Las sospechas giran en torno a que Ramírez presuntamente podía haber efectuado pagos de nóminas a los trabajadores en parte con dietas y kilometrajes a pesar de ser conceptos que no tributan. Hacienda considera que se ha podido realizar “un juego con estos conceptos”, al haber recibido dietas algunos trabajadores que nunca se desplazaron fuera de Las Palmas de Gran Canaria.
“Miguel Ángel Ramírez es el adjudicatario de contratos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al menos en tres sectores más, aparte del de seguridad privada. Es la cuarta vez que el sindicato USOexpone la dura realidad de los vigilantes de seguridad que trabajan en este consistorio”, explicó Basilio Febles que recordó en su intervención que “el consistorio impuso a Seguridad Integral Canaria por incumplimiento en sus relaciones laborales una sanción pírrica de 500 euros, que habrán pagado gustosamente para continuar con su misma política”.Este proceso judicial comenzó en 2013 a través de una denuncia en laFiscalía de la Audiencia Nacional interpuesta por el sindicato FTSP-USO. “Este presunto fraude fiscal por el que Ramírez se encuentra investigado (imputado) podría cifrarse en 21 millones de euros según los técnicos de Hacienda y la Seguridad Social”, subrayó el secretario general de USO, Basilio Febles en el pleno de Santa Cruz de Tenerife.
Febles (USO) acusó al grupo de gobierno municipal, -en pacto Coalición Canaria con el Partido Popular-, “de tomar el pelo a los trabajadores”, y lamentó que “la empresa adjudicataria por el ayuntamiento pueda ser de nuevo Seguridad Integral Canaria”, en lugar de elaborar un pleno de condiciones con criterios sociales, no solo en el precio y la hora, –de 8,72 euros a 16 o 18 euros la hora-, sino tener en cuenta las normas nacionales, las condiciones de trabajo de los vigilantes de seguridad, dijo Febles. El sindicato USO ha presentado un recurso especial ante estos pliegos de condiciones, que ha de resolver el Tribunal de Contratación Pública. Además, Febles responsabilizó al alcalde nacionalista, José Manuel Bermúdez (CC), de confeccionar un pliego de condiciones que “han apartado de la licitación a todas las empresas importantes del país como PROSEGUR, SECURITAS, ILUNION. OMEGA…”.
Algunos trabajadores de Seguridad Integral Canaria consultados por Diario 16, han confirmado “sus condiciones de precariedad laboral, el malestar por no poder cumplir con las necesidades de sus familias por estos retrasos en los pagos que soportan cada mes, sufriendo además la presión de los bancos con las hipotecas o la pérdida de alquileres de viviendas, por no poder pagar las mensualidades debido al incumplimiento de la empresa”. Estos vigilantes de seguridad han declarado “sentirse indignados con esta empresa”, y “con miedo a sufrir represalias si hacen declaraciones a los medios de comunicación”.Finalmente, Basilio Febles sentenció a la vista de la actitud de la empresa Seguridad Integral Canaria, “unos años muy duros en el futuro, con pésimas condiciones de trabajo y unos salarios de miseria para los vigilantes de seguridad”. El secretario general de USO, ha argumentado en repetidas ocasiones que a pesar de que Ramíreztenga en plantilla cerca de 7.000 empleados vinculados a un red empresarial, “este tipo de empresas hacen mucho daño al sector, porque los precios con los que compiten en los consabidos concursos públicos están por debajo de los costes laborales reales, situación que les lleva a la ruina, o al intento de defraudación a Hacienda y a la Seguridad Social”.
La respuesta del grupo de gobierno CC-PP del ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, fue con las acciones políticas y técnicas del concejal responsable de Hacienda, Juanjo Martínez (CC), que alegó “las acciones pertinentes del consistorio en la verificación de la situación real de los trabajadores, la comunicación del conflicto laboral a la empresa por parte del mismo concejal, la elaboración de un expediente informativo que podría desembocar en una nueva sanción para Seguridad Integral Canaria, así como la disposición del consistorio para elaborar un pliego de condiciones con mayor cobertura laboral para los trabajadores, y la modificación del proceso sancionador para incrementar la penalidad por el incumplimiento de las empresas adjudicatarias en las siguientes concesiones”.
La propuesta inicial de esta moción que fue rechazada por CC-PP fue impulsada por Si Se Puede, que planteó una rescisión de la adjudicación con Seguridad Integral Canaria, al entrar dentro de una espectro de “gravedad” la situación de los vigilantes de seguridad, pero el edil Martínez (CC) les recordó el procedimiento administrativo fijado por la Ley que el ayuntamiento está siguiendo correctamente. Izquierda Unida y el PSOE se sumaron al apoyo a los trabajadores afectados junto con Ciudadanos, pendientes de la resolución de Seguridad Integral Canaria. La versión de Miguel Ángel Ramírez, sobre Seguridad Integral Canaria, “defiende la gestión”, convencido de que la causa judicial abierta en el Juzgado de las Palmas le será favorable, y “será archivada”. Este empresario fue indultado por el Gobierno de Mariano Rajoy, y resultó exculpado de entrar en prisión.
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