Indignación y repulsa en la profesión por el pirata de la seguridad privada que explotaba y estafaba a sus trabajadores

Indignación y repulsa ha causado en la profesión el último caso de empresario pirata de la seguridad privada detenido por la policía nacional en la localidad gaditana de San Roque acusado presuntamente por delitos contra los derechos de los trabajadores y estafa.

El empresario pirata de seguridad privada, del cual no ha trascendido hasta el momento la empresa que utilizaba para sus fechorías, contrataba a trabajadores con condiciones laborales abusivas aprovechándose de las condiciones personales de los afectados. Su "modus operandi" consistía en ofrecer a personas en situación de extrema necesidad contratos con una serie de condiciones laborales engañosas y abusivas, sin rubricar en un contrato laboral formal todo lo relativo a horarios de trabajo, cotización a la seguridad social, sueldo convenido. Los trabajadores que finalmente se han visto obligados a denunciar estos hechos, han manifestado que no habían percibido retribución alguna por el trabajo desempeñado, ya que este señor se dedicaba a entregar cheques y pagarés sin fondos, teniendo que abonar además los mismos afectados una cantidad a la entidad bancaria una vez acudían a cobrar los mismos.

Desde SPV denunciamos la situación por la que pasan muchos trabajadores y trabajadoras del sector de la seguridad privada, donde las condiciones acarreadas tras la última reforma laboral están sirviendo de caldo de cultivo para que empresarios sin escrúpulos, expriman al máximo los resquicios que les le deja la ley para someter a sus trabajadores a un sistema de que raya la explotación laboral y con unas tablas retributivas que los colocan en el último escalón laboral. El hecho de favorecer a los convenios colectivos de empresas antes que los convenios de rango nacional, como contempla el actual marco laboral, está generando una clara  precarización de las condiciones económicas, pues estos convenios de empresas están siendo utilizados para abaratar costes y rebajar salarios, en algunos casos rayando el salario mínimo interprofesional.

Entendemos que la administración debería vigilar minuciosamente que los convenios pactados a nivel de empresa no supusieran ningún recorte de las condiciones laborales y económicas al personas que se vea afectado, porque consideramos que estas prácticas son una perversión de la norma. Al contrario, este tipo de pactos o acuerdos deberían estar sujetos obligatoriamente a contemplar mejoras con respecto al marco general. Por desgracia no es así y vemos a diario como puede haber compañeros vigilantes de seguridad cobrando un 30 y un 40 por ciento menos de lo que marca el convenio nacional, y todo ello con el consentimiento de la actual legislación, que esta generando una dinámica donde hay trabajadores y trabajadoras de primera, de segunda y hasta de tercera clase, dependiendo la suerte que tenga cada uno con la empresa de seguridad que se haga cargo del contrato donde se presta servicio.

Especialmente sangrantes son las contrataciones públicas de este tipo de servicios, donde las autoridades y responsables políticos se ponen de perfil argumentando que las empresas a las que se han adjudicado los servicios de seguridad "cumplen con la ley" y que lo único que pueden hacer es permanecer con una actitud vigilante para hacer acatar la legalidad. Un auténtico mercadeo donde termina por quedarse con el contrato de seguridad la empresa de seguridad que tiene la oferta más barata sin mirar más allá. En muchos casos, los vigilantes que tienen la mala suerte de pasar subrogado de una empresa normalita a una mala, entran en una espiral de precariedad galopante, donde pasa de cobrar de un día para otro un 30 % menos de salario realizando las mismas funciones, donde le regatean las pagas de beneficios, donde dejan de recibir sus salarios correctamente pasando a cobrar cuando la empresa buenamente le quiera pagar. Una verdadera lacra que está desangrando el sector, y todo ello con la complicidad de las autoridades publicas, que prefieren abaratar costes en sus contrataciones sin tener en cuenta la calidad en el empleo.

El mundo laboral está tan loco y descontrolado, que permite que incluso empresarios al margen de toda norma y ley puedan operar descaradamente en el sector de la seguridad privada aprovechándose de la debilidad de personas que no tienen empleo, funcionando con unas prácticas que huelen tan mal y emiten tal hedor que teóricamente tenían que ser descubiertas de momento y que sin embargo ahí estaban funcionando de forma impune y chulesca. Y al final tiene que ser el propio trabajador afectado el que se líe la manta a la cabeza y denuncie, porque si no, a este tipo de señores no los para nadie.

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