El documento destaca las pocas competencias de la Generalitat en materia de seguridad privada porque sus poderes son solo ejecutivos
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, recomienda a los ayuntamientos catalanes que establezcan un código de buenas prácticas en la contratación de la seguridad privada, como ya hizo el pasado mes de febrero la Generalitat, creando una mesa con los autores implicados. El Síndic Ribó propone que esta mesa esté formada por la Generalitat de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya, la Associació Catalana de Municipis, la Diputació de Barcelona, el Ayuntamiento de Barcelona, las asociaciones de empresas de seguridad y los sindicatos. La organización también propone que el cumplimiento de este código sea entonces un requisito sine qua non para acceder al concurso público.
Éstos son los dos principales puntos expuestos en el informe sobre la seguridad privada presentado este jueves en el Parlament de Catalunya. Pero Ribó tambiénve "esencial" que la Generalitat recupere la competencia, perdida en 2011,de examinar a los controladores de accesos a espacios abiertos al público.
El documento destaca las pocas competencias de la Generalitat en materia de seguridad privada debido a que estos poderes son solo ejecutivos, según el Estatut de 2006. El Síndic opina que la Generalitat debería gozar de competencias exclusivas en la seguridad privada en coherencia con el papel que tiene en la seguridad pública. La organización califica este tema como "materia pendiente". Ribó ha pedido por tanto "iniciar las gestiones para conseguir el traspaso de la competencia a la Generalitat, que se podría conseguir a partir de la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución", para que la administración catalana ejerza "una potestad reglamentaria que vaya más allá de la esfera organizativa y funcional".
El informe también sugiere "que se incorporen profesionales de la seguridad pública como directivos o jefes de seguridad" para contribuir "a la mejora de la seguridad privada". El intrusismo en el sector también ha sido abordado citándolo como "uno de los problemas más graves" de la profesión. Esto se materializa en personal no cualificado u homologado y negocios de fiscalidad opaca o dudosa.
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