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Los vecinos de una finca de Sant Agustí asumen una subida de cien euros en sus cuotas para frenar la pesadilla
"La cuota de comunidad se ha disparado, pero la seguridad privada es el único camino para defender las casas que tantos sudores nos está costando pagar y que corren el riesgo de degradarse a marchas forzadas con los okupas", se sincera un vecino de Sant Agustí La comunidad de propietarios del complejo Aires de Na Burguesa, situado en Sant Agustí, frente al polideportivo Rudy Fernández, decidió hace unos meses contratar vigilantes jurados las 24 horas del día para tratar de controlar y frenar la ola de okupaciones en sus cuatro portales. La pasada Nochebuena el guarda de seguridad tuvo que mediar en una disputa entre una familia de propietarios y uno de los clanes de intrusos, que celebraba las fiestas con música estridente, ruidos y petardos. Los dos grupos estuvieron a punto de llegar a las manos, pero el profesional puso paz.
"La cuota de la comunidad por el gasto de los vigilantes de seguridad ha subido cien euros al mes y eso que hemos repartido el coste en dos mensualidades porque si no serían doscientos euros al mes", se lamenta una vecina. Los afectados, no obstante, dan por bien pagados esos euros ya que la seguridad privada sirve para que los okupas no accedan a las zonas comunes de las fincas, que están dotadas de aparcamientos, trasteros y piscinas y garaje comunitarios.
Las últimas okupaciones se produjeron en mayo, cuando tres familias se instalaron en otras tantas plantas bajas propiedad de un banco. A principios de enero solo quedan dos pisos okupados, ya que se ha conseguido desahuciar el tercero. Algunos vecinos consultados coinciden en que las familias okupas no dan muchos problemas, pero no todos conocían el incidente del 24 de diciembre. Hay tensión en la finca. Los guardas patrullan día y noche por el complejo y tienen orden de identificar a los extraños e impedir que los "vecinos" ilegales circulen por las áreas comunitarias.
La comunidad teme que se produzcan nuevos allanamientos, dada la excelente calidad de las viviendas y el hecho de que otros muchos pisos están vacíos, varios pertenecientes al mismo banco. Los propietarios de casas deshabitadas han reaccionado tapiando los accesos a sus propiedades o colocando puertas antiokupas, un dispositivo con un especial blindaje para impedir el uso de palancas u otros dispositivos similares. Los okupas consiguen la electricidad de un empalme ilegal, que está costando descubrir, según relata un afectado. Esta persona ha hablado con las dos familias de intrusos y éstos han admitido que saben que su estancia allí será temporal, pero que confían en llegar a un acuerdo con el banco.
El deseo de los okupas es que la entidad financiera les consiga, a cambio de desalojar las plantas bajas, un piso de alquiler económico, "con una renta de 150 euros al mes". Endesa procedió hace unos meses a quitar un primer enganche ilegal y cambió la cerradura del cuarto de contadores. Los intrusos reaccionaron sustituyendo la cerradura de ese cuarto y dejando a la empresa de energía y la comunidad de vecinos sin acceso a los contadores. Esas maniobras aceleraron la contratación de los vigilantes.
Otro punto débil del complejo que ha puesto al descubierto la okupación ha sido el garaje, donde se habían producido extravíos de mandos a distancia y malos usos de esos dispositivos. La comunidad de vecinos decidió cambiar los mandos de las puertas del garaje y establecer un férreo control sobre su uso. La pérdida de un mando se ha penalizado. La consigna es no guardar estos dispositivos electrónicos en las guanteras de los coches. Otra medida propuesta fue la instalación de cámaras de seguridad. Los carteles de advertencia de los riesgos cuelgan de las zonas comunes en espera de que vuelva la normalidad.
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