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Miles de escoltas llevan tres años sufriendo la desesperación del desempleo, pero también el incumplimiento de las promesas. La desaparición de ETA dejó sin trabajo a los que protegían a los amenazados por la banda terrorista. El Gobierno les prometió entonces que los recolocaría en la vigilancia de las prisiones, pero hoy por hoy apenas un 10% de estos profesionales controlan los recintos penitenciarios.
Este desamparo ha provocado que un grupo de dos centenares de guardaespaldas –número que crece a diario– se organice en torno a una asociación denominada La sombra olvidada de Euskadi, que trata de buscar una salida digna a un colectivo que durante muchos años ha sido clave para mantener la democracia y que ahora se encuentra azotado por el paro. Durante los últimos meses, estos escoltas se han reunido con altos cargos de la Policía, con colectivos de víctimas de violencia de género, con asociaciones de mujeres y otros grupos para encontrar esas nuevas posibilidades laborales que ofrecen otras amenazas hasta ahora quizá no demasiado bien atendidas. Y parece que ven luz al final del túnel. Por el momento, todas estas entrevistas han sido positivas, según valora el propio portavoz de La sombra olvidada de Euskadi, Manuel Jiménez.
Los altos cargos de la Policía con los que se han visto les han mostrado su apoyo para que estos profesionales redirijan su actividad hacia la protección de víctimas de la violencia machista. También asociaciones como Clara Campoamor han expresado su interés en que los escoltas se dediquen a proteger a las mujeres que estén en riesgo de sufrir agresiones de sus parejas o exparejas, algo que llevan de hecho reivindicando desde hace años. No en vano, en breve habrá una reunión entre los escoltas y un alto cargo del Ministerio del Interior en la que se tratará de concretar este proyecto que ya en el País Vasco se puso en marcha en 2001 con bastante éxito, aunque también algunas lagunas. Esta comunidad autónoma, por lo tanto, lleva 13 años utilizando a los escoltas para proteger a las víctimas de violencia de género.
La iniciativa de los guardaespaldas consistiría en extender este modelo aplicado a nivel autonómico a todo el país y que sean los jueces los que determinen si una mujer requiere o no vigilancia durante todo el día o en determinados momentos de la jornada. El proyecto, además, mejoraría teóricamente el servicio que actualmente prestan los funcionarios de la Policía, de la Guardia Civil o de la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra, ya que estos agentes no realizan un seguimiento continuo a las mujeres, sino que únicamente se turnan para estar de guardia por si son necesarios.
El pasado 26 de noviembre, durante la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que la Policía tiene bajo vigilancia a 53.000 mujeres víctimas de la violencia de género. El director de la Policía, Ignacio Cosidó, por su parte, afirmó dos días antes que hay unos 1.500 efectivos destinados en el cuerpo a labores tanto de protección como de investigación. La entrada de escoltas privados, además de mejorar el servicio porque permitiría más control sobre las víctimas -defienden desde el colectivo y desde las asociaciones de mujeres-, también reduciría el número de funcionarios dedicados a la protección, que podrían dedicarse a tareas de investigación.
La propuesta de los escoltas privados pretende que ese servicio de protección sea continuo y las mujeres puedan sentirse seguras durante todo el día, porque saben que hay un profesional velando por evitar ataques de sus potenciales agresores, al menos para los casos en los que el riesgo supere un determinado nivel establecido. La iniciativa del colectivo llega en un momento en el que la Policía, además, está reorganizando su estructura con el fin de prestar un mejor servicio a las víctimas. No en vano el pasado 24 de noviembre Cosidó anunció la creación de una nueva unidad dirigida a proteger mejor a las víctimas del maltrato.
En la búsqueda de salidas para que el colectivo de escoltas siga volcando sus conocimientos en beneficio de la sociedad, estos profesionales plantearon al Ministerio del Interior la posibilidad de que el Gobierno sacara una oposición cerrada para acceder a la Policía y a la Guardia Civil, extremo que el departamento dirigido por Fernández Díaz rechazó de plano. Un alto cargo del Ministerio, sin embargo, sí invitó a los escoltas a emprender el citado camino de la protección de víctimas de violencia de género, en el que la autoridad política tiene más interés.
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