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18 de diciembre de 2014

CC.OO. y UGT se gastaron en nóminas subvenciones de la Junta de Andalucía al autoempleo

La Junta financió con más de 2 millones a los sindicatos entre 2010 y 2012 para montar sucursales dedicadas a asesorar a autónomos

Las subvenciones repartidas por la Junta de Andalucía para impulsar el trabajo autónomo acabaron fomentando el autoempleo... dentro de los propios sindicatos. Comisiones Obreras de Andalucía y laUnión de Profesional y Trabajadores Autónomos (UPTA), una federación integrada en UGT de Andalucía, se gastaron en pagar nóminas y otros costes del personal el 93 y 90,7 por ciento, respectivamente, del importe total de las ayudas excepcionales concedidas por la antigua Consejería de Empleo (1,17 millones de euros a cada organización) para asesorar a emprendedores, según especifica un informe demoledor de la Cámara de Cuentas de Andalucía publicado el pasado viernes que realizó un extenso inventario de irregularidades en la gestión del Plan de Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo. La auditoría detectó un «agujero» de 138,5 millones de euros pendientes de justificar y con el plazo vencido. Representan el 42 por ciento de los incentivos distribuidos (356,7 millones de euros) entre 2007 y 2012.

Uno de los pilares sobre los que se asentaba el cuestionado plan consistía en financiar a entidades colaboradoras la creación de sucursales, que funcionaron durante dos años, destinadas a «sensibilizar e informar sobre el autoempleo» y a «asistir técnicamente» a los autónomos andaluces. Para montar esta estructura, el denominadoSistema de Atención al Autónomo, la Junta recurrió a un mecanismo que ya puso en práctica en los ERE irregulares y los cursos de formación. Concedió ayudas excepcionales (sin convocatoria pública ni concurrencia competitiva) a las centrales sindicales por un montante total de 2,35 millones de euros entre 2010 y 2012. En el programa también participaron la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) —que recibió 780.000 euros— y laFundación Forja XXI, heredera de la Expo 92 de Sevilla e inmersa en un concurso de acreedores, que obtuvo 656.000 euros.

Las contrataciones de personal vinculado a CC.OO. y UPTAconsumieron en torno al 91% de los fondos públicos, según el desglose de los gastos facilitados a los auditores por la Consejería de Economía. El programa autonómico daba cobertura a estos gastos, siempre que no superaran el 90% del coste total del proyecto. Incluso especificaba los sueldos por categoría: un coordinador cobraba 35.384 euros anuales; 29.321, un técnico, y 20.525, un administrativo. La Administración se vio desbordada al conceder más fondos de los que podía controlar. El órgano fiscalizador censuró la «ausencia de mecanismos adecuados de evaluación» para medir el impacto de estas acciones. Sobrepasada, la Junta firmó exoneraciones masivas del trámite de justificar fondos para seguir subvencionando a las entidades, el mismo método que generó el caos en las ayudas de formación.

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