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La Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias ha interpuesto una denuncia contra los trabajadores y la empresa de servicios auxiliares DC, como prestadores de los servicios de seguridad y vigilancia en el interior del recinto de la denominada feria Nevaria 2014, celebrada este pasado fin de semana en Moreda, así como contra el alcalde, David Moreno. El motivo es que el personal no contaba con la titulación ni certificación profesional para este tipo de labores, ni la entidad figuraba como tal en el registro.
En una nota de prensa, Avisa ha explicado que el personal contratado para la Vigilancia, Seguridad y Protección de las instalaciones del recinto ferial, en horario nocturno, no se encontraba habilitado como personal de seguridad por parte del Ministerio de Interior para el ejercicio de dichas funciones. Además, señala que la Empresa de Servicios Auxiliares DC, "no está inscrita como Empresa de Seguridad Privada en el Registro Central de la Dirección General de la Policía, ni tampoco consta como autorizada para la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia".
Avispa solicitó en la madrugada pasada la presencia de una Patrulla de la Guardia Civil, "que procedió a la identificación de los auxiliares que se encuentran en el interior de la carpa prestando las funciones de Seguridad y Vigilancia". La asociación deja claro que "puede señalarse que la correcta aplicación de la legislación de seguridad privada pasaría por reservar al personal de seguridad privada estrictamente las funciones de vigilancia y seguridad activa de bienes y personas -diurna y nocturna".
Recuerda además que las normativas al respecto tipifican como infracción grave o muy grave "la prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la autorización necesaria, incluyendo: la prestación de servicios de seguridad sin haber obtenido la inscripción y la autorización de entrada en funcionamiento para la clase de servicios o actividades de que se trate".Apunta también que en el caso de infracciones muy graves, las sanciones pueden alcanzar los 30.000 euros.
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