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Se trata de sociedades, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro que han venido recibiendo subvenciones por parte de la Junta. La operación Edu investiga la concesión irregular de millones de euros por parte del Gobierno regional.
La investigación sobre el fraude de la formación en Andalucía ha tenido repercusiones directas sobre las sociedades dedicadas a estas tareas. En concreto, según fuentes policiales consultadas por Seguridad y Tribunales, más de 2.000 empresas han echado el cierre en la comunidad autónoma desde que la Unidad Central contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UCDEF) comenzó a rastrear en enero de 2013 el dinero concedido por la Junta de Andalucía, que tenía el fin, teóricamente, de fomentar la inserción laboral.
Desde principios del año pasado, la Sección de Investigación de la Seguridad Social, dependiente de la UCDEF, comenzó a indagar si las empresas que habían sido subvencionadas cumplían los requisitos. La implicación de la Policía, por lo tanto, fue conociéndose poco a poco y muchas de las sociedades, asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro decidieron bajar las persianas, ya sea porque habían cometido alguna irregularidad o porque simplemente detectaban que la investigación cortaría el grifo de las ayudas. Tres meses después de que la Policía iniciara las indagaciones, en abril de 2013, el Gobierno regional decidió trasladar el Servicio de Análisis y Planificación de la Formación para el Empleo, dependiente del Servicio Andaluz de Empleo y responsable de otorgar las ayudas, de la Consejería de Empleo a la de Educación, en lo que podría entenderse como otra consecuencia de la investigación policial, que estaba centrada precisamente en las ayudas concedidas por el departamento desplazado.
En los juzgados provinciales La operación Edu está ya en manos de los juzgados provinciales de cada demarcación andaluza, que analizan desde la pasada semana la información aportada por la Policía. La investigación está especialmente avanzada en Málaga, porque fue donde comenzaron las indagaciones. Allí, es el Juzgado de Instrucción número 8 el que se encarga de las diligencias. Las pesquisas se extienden por toda la región debido a que rastrean la concesión de ayudas de la Junta a empresas diseminadas por toda la comunidad autónoma entre los años 2009 y 2012. La cantidad de datos que los policías tienen que analizar es tan grande que los funcionarios han tenido que acotar en un principio a los años 2010 y 2011.
Además, por el momento los agentes se están centrando en un único tipo de concesiones, las que se ciñen al modelo 32D, que otorga ayudas a organizaciones que imparten cursos de formación con el compromiso de que, una vez finalizados los seminarios, contraten o encuentren empleo en empresas asociadas al menos al 60% de los alumnos que hayan asistido. Entre las irregularidades que en esta primera fase, previa a la judicialización y dirigida por la Fiscalía, han encontrado los policías, destaca el hecho de que algunas empresas no habían sido constituidas aún en el momento en que reciben la subvención. Otras no contaban con profesorado preparado, no disponían de instalaciones adecuadas o no aportaban el material necesario para que los alumnos siguieran el curso. La ingente documentación que tienen que analizar los funcionarios ha provocado que el Ministerio del Interior refuerce el grupo de efectivos dedicados a investigar la operación, que ha pasado de contar con apenas cuatro policías en enero de 2013 a los más de 40 agentes que actualmente están llevando a cabo acciones relativas a este caso.
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