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Denuncia por intrusismo
El sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada ha presentado una denuncia en la Policía Nacional contra el Ayuntamiento de Sant Antoni y la empresa Fegamás al considerar que las tareas realizadas por los Agentes Cívicos son ilegales. «Los denunciamos por intrusismo, porque estas personas no pueden hacer la ronda por la ciudad, ni llevar un anagrama en el brazo, ni ir uniformados como si fueran seguridad privada», aseguró Edgar Báez, delegado de este sindicato en la isla, quien basa su denuncia en la ley 5/2014 de seguridad privada aprobada por el gobierno de Rajoy.
D. AZAGRA | IBIZA La empresa Fegamás Servicios Auxiliares SL, adjudicataria del servicio de agentes cívicos de Sant Antoni, ha despedido a los dos trabajadores que se encontraban el domingo por la noche con un compañero que se estaba fumando un porro de cannabis en las inmediaciones de la oficina de coordinación policial. El Ayuntamiento informó ayer que el mismo lunes requirió a la empresa, a la que ha exigido «transparencia y firmeza», el despido de los tres agentes.
Por su parte, el responsable de Fegamás en Ibiza, Félix García Barroso, aclaró ayer que, aunque la empresa en un principio consideraba que los dos agentes que acompañaban al denunciado por la Policía Local no estaban implicados en el incidente, habían decidido expulsarlos porque no quieren «que exista ninguna duda sobre el servicio». «Creo que hay que dar una postura de firmeza y no podemos sembrar dudas; debemos ser tajantes y cortar por lo sano», explicó García Barroso.
Ante el requerimiento del Ayuntamiento de que la empresa presente un certificado de antecedentes penales de toda la plantilla, García Barroso aclaró que ellos, como empresa de servicios, no pueden aportar tal documentación y que tiene que ser la Policía Local la que solicite estos certificados. Fegamás ha puesto a disposición de la Policía Local la documentación de los trabajadores para que así lo solicite.
Por otra parte, el sindicato Alternativa Sindical de Trabajadores de Seguridad Privada, instalado desde hace tres meses en Ibiza, ha presentado una denuncia en la Policía Nacional contra el Ayuntamiento de Sant Antoni y la empresa Fegamás al considerar que este servicio es ilegal. «Los denunciamos por intrusismo, porque estas personas no pueden hacer la ronda por la ciudad, ni llevar un anagrama en el brazo, ni ir uniformados como si fueran seguridad privada», aseguró Edgar Báez, delegado de este sindicato en la isla, quien basa su denuncia en la ley 5/2014 de seguridad privada aprobada por el gobierno de Rajoy.
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