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En una decisión emitida el pasado 20 de junio, una jueza en Colombia ordenó cinco días de arresto para el responsable legal de Prosegur en Colombia Alejandro Agudelo Rojas y su suplente Jorge Alfonso Mora Rojas (el gerente de Recursos Humanos) por no cumplimento con una orden judicial.
En diciembre de 2010, la empresa ilegalmente pagó 4 millones de pesos colombianos (U$S 2.000, R$ 4700) a los trabajadores no-sindicalizados por firmar un Pacto Colectivo (un acuerdo laboral con trabajadores no-sindicalizados), estimulando así la desafiliación sindical. Una orden judicial de agosto de 2012 obligó la empresa a pagar este mismo monto a los trabajadores afiliados al sindicato colombiano Sintravalores. De acuerdo con la jueza Carmen Rocio Vasquez, la empresa, “no se han ofrecido las razones por las cuales no se ha hecho el pago a los trabajadores sindicalizados, a pesar de que ha transcurrido un lapso de tiempo más que suficiente.”
En lugar de cumplir con la orden judicial, Prosegur siguió con la misma práctica en diciembre de 2013, pagando un plus de 2 millones de pesos colombianos (U$S 1.000, R$ 2350) a los trabajadores no-sindicalizados por firmar un nuevo Pacto Colectivo. En la decisión de la jueza, Prosegur también es obligado a pagar este mismo monto, junto con cualquier otro beneficio proporcionado a los trabajadores no-sindicalizados, a los afiliados de Sintravalores. “Prosegur está tan descontrolado en Colombia que la empresa no respeta ni la ley nacional o las órdenes judiciales. La empresa no está por encima de la ley y tiene que respetar las decisiones de la justicia colombiana”, dijo Adriana Rosenzvaig, Secretaria Regional de UNI Américas.
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