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El subdirector de la que hasta hace un mes era la empresa responsable de la seguridad y vigilancia de la Universidad de La Laguna (ULL), Vicente Martín, anunció ayer a este periódico que ha iniciado acciones legales contra la plantilla por considerar que los trabajadores son los responsables últimos de la resolución del contrato.
"La situación que ha dado pie a toda esta desagradable situación fue que el pasado día 3 de marzo el comité de empresa presentó un preaviso de huelga discontinua por un supuesto retraso reiterado en los pagos por parte de Machín Seguridad. Nosotros acreditamos a la ULL que eso no era cierto, incluso con extractos bancarios, y que no había ninguna deuda pendiente, porque la nómina de febrero no se pagaba hasta el día 5, ni había paga extraordinaria pendiente de atender porque era en marzo", detalló.
Para Martín los fundamentos de la convocatoria de huelga no son ajustados a derecho y, por lo tanto, "es ilegal". "El resto de la plantilla me confirma que el comité de empresa no se reunió con ellos ni hubo una asamblea para decidir esa convocatoria y que no se contó con el número de votos necesarios. El comité de empresa -abunda el dirigente de Machín Seguridad- es la representación de los trabajadores y por eso es a ellos a los que tengo que demandar; si luego los trabajadores van al juzgado y dicen que el comité actuó por su cuenta y riesgo, es allí donde debe constar, no en mi oficina, ni en un escrito que me manden a mi atención. Eso me va a permitir iniciar una acción civil y responsabilizarlos de la resolución de la universidad y pedir una indemnización de cinco millones y medio de euros, que es lo que he dejado de facturar".
Pero Vicente Martín también desmiente al gerente de la universidad, Justo Artiles, que en la edición de ayer del periódico aseguraba que había "cumplido escrupulosamente" la ley de contratos y que se había pagado siempre en tiempo y forma. "La ULL le da el contrato a Machín Seguridad en diciembre de 2012 tras haber irregularidades con la empresa anterior. Se nos pide que si somos capaces de asumir el contrato con una reducción de 600.000 euros anuales y le decimos que lo podemos hacer siempre y cuando nos pague las facturas antes de los días 5 de cada mes para nosotros no tener que entrar en productos financieros para anticipar facturas y atender nóminas en fecha; la ULL nos dijo que sí y se firmó el contrato con fecha de finalización el 30 de noviembre de 2015, aunque primero firmamos solo un periodo hasta febrero de 2014", relata Vicente Martín.
No obstante, asegura que la ULL casi nunca pagó antes del día 5 y que resolvió el contrato de forma unilateral y sin hablar con ellos, y mantiene que lleva meses intentando localizar al gerente. "Se basó en el falso retraso en los pagos a los trabajadores y en la existencia de una deuda con la Seguridad Social que sí es cierta y que además la conocían desde enero. Teníamos un aplazamiento concedido que se anuló tras la decisión de la ULL ", lamenta Martín, que subraya que "los acuerdos que se nos plantearon los hemos cumplido todos. El contrato duraba 36 meses porque así podríamos amortizar la bajada de 600.000 euros que nos pidió; si ahora la universidad lo rescinde, nos tiene que pagar los 18 meses al precio normal del contrato en el pliego". Y es que considera que el conflicto no va a quedar resuelto definitivamente hasta que haya una sentencia judicial.
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