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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha defendido hoy en el Congreso el proyecto de ley de Seguridad Privada que abrirá el campo de negocio a un sector "pujante", lo que contribuirá a salir de la crisis y a crear empleo, aunque el sector estará subordinado a la seguridad pública. El proyecto de ley ha iniciado así su andadura en la tramitación parlamentaria, en la que ha sido rechazada la enmienda a la totalidad presentada por la Izquierda Plural, la única que se ha mantenido después de que CiU retirara la suya al lograr un acuerdo con el PP sobre la competencia en el control de actividades de los vigilantes privados y los despachos de detectives.
Así, el Gobierno modificará dos artículos de su texto inicial, el 12 y el 13, para que Cataluña y País Vasco, comunidades con competencias en materia de seguridad privada, asuman la gestión de la vigilancia, sanciones o inspecciones que fijará la norma para aquellas empresas que operan en esas comunidades autónomas. Del proyecto presentado, Fernández Díaz ha destacado que su finalidad es modernizar la actual ley de 1992 para adecuarla a un sector "muy dinámico" y de gran importancia económica, pues agrupa a casi 1.500 empresas, da trabajo a más de 85.000 personas y ha facturado en el último año más de 3.000 millones de euros.
Por ello, el titular de Interior ha explicado que el proyecto abre "nuevos servicios a la seguridad privada que la sociedad está demandando", como la vigilancia de los polígonos, urbanizaciones, edificios públicos o joyerías, además de la seguridad exterior de las prisiones. Además, ha reiterado que hay margen y "espacio por recorrer" para ampliar el campo de actividades de este sector sin menoscabo del "monopolio" de la seguridad pública, toda vez que España cuenta con 528 policías por cada 100.000 habitantes frente a la media de la UE de 385, una proporción que en el caso de los vigilantes privados es inversa, ya que el promedio europeo es de 275 y en España de 195.
Además de este "nuevo enfoque" de negocio, el texto presentado por el Gobierno establece un "marco de colaboración" de este sector privado con la seguridad pública, aunque Fernández Díaz ha dejado claro que este marco se sentará sobre el "pilar fundamental de la irrenunciable preeminencia" de los cuerpos policiales. "No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha insistido el ministro quien también ha resaltado las "garantías y cautelas precisas" que establece el proyecto en una materia tan "sensible" como la actividad de los despachos de detectives, que estarán sujetos a mayores controles.
Con el fin de preservar la intimidad personal y familiar, los detectives tendrán delimitados sus servicios, de los que deberán elaborar siempre un informe, al que solo tendrá acceso el cliente y la autoridad judicial o policial en caso de que haya una investigación. Para el diputado de la Izquierda Plural Ricardo Sixto, que ha defendido devolver el proyecto al Gobierno, el texto presentado en el Congreso expone "alianzas público privadas" que aumentan el peso de la segunda con respecto a la primera y que no son prioritarias.
"La seguridad no puede ser para el que se la pueda pagar. No hay necesidad de abrir nuevos espacios al sector privado", ha señalado Sixto, antes de hacer hincapié en que las actividades de seguridad privada deberían ser siempre "auxiliares" a las de las fuerzas de seguridad. Y aunque CiU ha saludado el acuerdo con el PP por el que se ha retirado la enmienda a la totalidad y de que una nueva normativa es "necesaria", el diputado nacionalista Jordi Jane ha destacado que hay "camino por recorrer" para mejorar el texto como la protección de los trabajadores de estas empresas que en muchas ocasiones trabajan en condiciones, salarios y número de horas "muy precarias". Por ello, ha anunciado que presentará enmiendas parciales, algo que también han avanzado que harán el resto de grupos: PSOE, UPyD y el PNV.
FUENTE: noticias.terra.es AQUÍ
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