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El Gobierno y el PP han accedido a modificar en el trámite parlamentario varios artículos del proyecto de ley de Seguridad Privada después de que CiU presentase una enmienda a la totalidad al texto en la que denunciaban "invasiones competenciales" recogidas en el Estatut catalán y reconocidas por la Constitución. Así lo ha anunciado en el Congreso de los Diputados el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ha asegurado que "aquellos aspectos que motivaron la enmienda (a la totalidad)" quedarán "subsanados". "Puedo asegurar que estamos absolutamente de acuerdo porque no queremos que haya dudas razonables de la constitucionalidad en ningún ámbito", ha añadido al tiempo que ha agradecido la disponibilidad al diálogo de CiU.
En consecuencia, los nacionalistas han retirado la enmienda a la totalidad por la que pedían devolver el texto al Gobierno. Su oposición se debía a que el Estatut de Cataluña "establece que corresponde a la Generalitat la autorización de las empresas de seguridad privada así como la inspección, sanción, autorización y coordinación de las actividades de la seguridad privada que se realicen en Cataluña". Se basan en el artículo 163 de la norma autonómica que, según recuerdan, no fue declarado inconstitucional y "por tanto tiene plena vigencia". CiU exigía que estas "invasiones competenciales" fuesen corregidas.
Según ha explicado este jueves el ministro, el Gobierno va a modificar los artículos 12 y 13 del proyecto de ley para que tanto el País Vasco como Cataluña sean "competentes para recibir la llamada declaración responsable de seguridad privada y formación de aquellas empresas que tengan sede y actividad sólo en el territorio de esa comunidad autónoma". El País Vasco y Cataluña cuentan con un "nivel competencial más amplio" al tener transferidas las funciones de "protección y orden público".
Por su parte, el diputado de CiU, Jordi Jané, ha recordado que el artículo 12 "recoge el control de comprobación de las empresas" por lo que valoran "el punto de acuerdo". También ha celebrado los "avances en en una nueva redacción del artículo 13" que afecta a la inspección y sanción. "Puede parecer que tiene una importancia menor, pero para CiU no lo tiene", ha dicho. "Hay un acuerdo que no es genérico, es concreto, con algunas redacciones acordadas y quiero agradecer a aquellos que han hecho posible el acuerdo. Hoy retiramos nuestra enmienda a la totalidad", ha zanjado Jané.
RECHAZO DE IZQUIERDA PLURAL El trámite parlamentario de este proyecto de ley ha comenzado este jueves con una segunda enmienda a la totalidad presentada por Izquierda Plural, en su caso, porque el texto "viene a incrementar el peso de lo privado frente a lo público". "La seguridad no puede ser para quien se la pueda pagar", ha denunciado el diputado de IU Ricardo Sixto, quien ha cuestionado que existiese una demanda social para una nueva ley de Seguridad Privada. "Como todas, esta ley era mejorable, pero en el ámbito de la seguridad hay otros punto más urgentes", ha dicho el diputado de IU, quien ha manifestado un especial rechazo a uno de los puntos de la nueva ley que contempla la presencia de vigilantes privados en los perímetros de las cárceles, una función que ahora corresponde a las fuerzas de seguridad del Estado.
Este punto concreto también ha generado el rechazo de UPyD, cuyo diputado Toni Cantó ya ha avanzado que presentarán una enmienda a este respecto. También el PSOE ha manifestado su oposición e incluso ha dicho compartir las preocupaciones de la Izquierda Plural en cuanto a la expansión de lo privado. No obstante, el diputado socialista Pedro Muñoz ha asegurado que prefieren la estrategia de discutirlo en el trámite parlamentario en lugar de una enmienda a la totalidad ante la que ha anunciado la abstención de su grupo.
Por su parte el diputado del PNV, Emilio Olabarría ha felicitado al Gobierno por la redacción de este proyecto de ley ya que, según ha dicho, esa es la sensación que le han transmitido los agentes del sector con los que la han estudiado. A la hora de justificar esta nueva regulación el ministro ha dicho que ayudará a "facilitar el crecimiento económico de España" y ha destacado la importancia que tiene este sector para la economía. Ha recordado que la seguridad privada agrupa a 1.500 empresas, da empleo a 85.000 personas y el año pasado facturó 3.215 millones de euros.
No obstante, el ministro ha garantizado que esta ley mantiene la "irrenunciable preminencia de la seguridad pública a la privada y los principios de cooperación y corresponsabilidad". "No se trata en absoluto de privatizar la seguridad", ha enfatizado. A su juicio este proyecto de ley tiene por objeto modernizar la anterior del año 1992, que ha quedado "sobrepasada" por los avances tecnológicos y las nuevas prácticas.
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