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El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria
El Juzgado número 8 de Las Palmas ha vuelto a citar como imputado al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas y propietario de la mercantil Seguridad Integral Canaria, Miguel Ángel Ramírez. El juez Salvador Alba Mesa, que ha sustituido a la magistrada Victoria Rosell -quien encabeza las listas de Podemos por Las Palmas-, le llama a declarar en el marco de la investigación que sigue el Juzgado sobre la presunta defraudación a la Hacienda Pública y a la Tesorería de la Seguridad Social por parte del conglomerado empresarial de Ramírez.
Junto al dueño de Seguridad Integral Canaria, también ha sido citado como imputado Héctor de Armas Torrent, administrador de la sociedad desde octubre de 2011, cuando Ramírez dejó de ostentar el cargo. El presidente de la Unión Deportiva ya declaró por los mencionados delitos en relación a los años 2008 y 2009. Ahora tendrá que hacerlo también en referencia a los ejercicios 2010 y 2011, cuando ocupaba el puesto de administrador. Desde ese último año en adelante (hasta 2013), responderá De Armas Torrent.
La defensa de los imputados recurrió la providencia en la que el juez citaba a los dos por entender que no estaba motivada, pero el magistrado denegó el recurso y ordenó la declaración, que se ha producido hoy en el Juzgado número 8. El emplazamiento tiene lugar después de que la acusación particular -ejercida por la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera- solicitara una ampliación de la querella a los años posteriores a 2009, al argumentar que sendos informes de Hacienda y la Tesorería alcanzaban también estos ejercicios.
Los mencionados documentos denunciaban que Seguridad Integral Canaria acumula un fraude a las arcas públicas de casi 21 millones de euros a lo largo de los cinco años analizados (2008-2012). Un perito de la Agencia Tributaria, de hecho, calificó de "estratosféricas" las dietas que abonaba la compañía, herramienta que habría utilizado la firma para pagar conceptos salariales sujetos a retención y de ese modo evadir el fisco. No en vano, también la mercantil se encuentra imputada en la causa que dirige el Juzgado número 8 de Las Palmas. Desde la empresa, por su parte, entienden que las prácticas realizadas por Ramírez en relación con las dietas son legales y que en esta nueva comparecencia el presidente de Seguridad Integral Canaria ha reiterado los argumentos que ya dijo en su primera citación. Afirman que este procedimiento se encuentra aún en estado embrionario.
La mercantil de Ramírez tiene adjudicada actualmente la vigilancia de instalaciones públicas tan sensibles como el Ministerio de Defensa, el Palacio Real, el Metro de Madrid e incluso la propia Tesorería General de la Seguridad Social, que ahora pone en evidencia a la mercantil y a sus administradores. En total, los contratos con la Administración superan los 100 millones de euros. El empresario ya fue indultado por el Gobierno después de ser condenado a tres años de prisión por la ejecución de obras ilegales, medida de gracia que generó notable polémica -a pesar de que posteriormente fue revocada por el Tribunal Supremo- debido a la conocida relación de amistad que mantiene Ramírez con el actual ministro de Industria, José Manuel Soria.
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