El ministerio adjudicará el servicio al quinto intento tras elevar un 7% el presupuesto y dividir en dos el lote, que incluye también las prisiones de Extremadura y Castilla-La Mancha | Trablisa y Garda prestarán previsiblemente el servicio
El Ministerio del Interior cerrará al quinto intento la contratación del servicio de apoyo a la seguridad exterior en los 15 centros penitenciarios ubicados en las comunidades de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura tras incrementar en casi 600.000 euros el presupuesto de licitación. Esta adjudicación le permitirá asignar otros cometidos a los guardias civiles que desde 2020 vienen encargándose de estas tareas.
En diciembre de 2019, la Secretaría de Estado de Seguridad resolvió de forma parcial el procedimiento negociado sin publicidad que había tramitado para adjudicar -por un máximo de 37.517.535 euros- el servicio de seguridad privada en todas las prisiones españolas gestionadas por Interior, próximo a expirar. La licitación se dividió en cinco lotes, quedando desierto el correspondiente a las tres citadas comunidades al no registrarse ninguna oferta en la Plataforma de Contratación. De las seis empresas invitadas a participar en este procedimiento restringido de contratación (Clece Seguridad SAU, Compañía de Vigilancia Aragonesa SL, Eulen Seguridad, Garda Servicios de Seguridad, Protección y Seguridad Técnica y Trablisa), ninguna mostró interés por este paquete pese a ser el segundo con un presupuesto más elevado: 8.353.840 euros, equivalente al 20,7% del total.
Como ha venido informando este diario, Interior ha realizado desde entonces varios intentos sin éxito para tratar de adjudicar el contrato, el último declarado desierto el pasado mes de julio por inexistencia de ofertas. Las compañías Secoex SA y Sicor Seguridad El Corte Inglés SA retiraron las propuestas que habían llegado a presentar después de que los sindicatos anunciaran que interpondrían demandas colectivas para reconocer el derecho de subrogación de los trabajadores de la última contrata a la que se encargó la prestación del servicio (Ombuds Compañía de Seguridad SA) -en liquidación tras entrar en concurso voluntario de acreedores en julio de 2019- si no se hacían cargo de los mismos. Durante un tiempo, los 184 trabajadores de Ombuds que formaban parte de la contrata de las prisiones fueron incluidos en un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) a la espera de que Interior lograra adjudicar el encargo y la plantilla pudiera subrrogarse. La tardanza lo impidió y el personal terminó viéndose afectado por un ERE extintivo.
Salvo nuevos contratiempos, Interior está a un paso de adjudicar el contrato. Para salvar la falta de atractivo para las empresas del sector, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha tomado dos decisiones. Primeramente, dividir el paquete en dos: uno abarca las prisiones extremeñas y cinco de Madrid (lote 2) y el otro las cárceles ubicadas en Castilla-La Mancha y las dos madrileñas restantes (lote 3). Y, en segundo lugar, elevar el presupuesto de 8.353.840 a 8.938.608,8 euros (584.768,8 euros más, un 7% en términos relativos). En la sesión celebrada el pasado 18 de noviembre, según el acta de la sesión al que ha tenido acceso El Independiente, la mesa de contratación propuso adjudicar el lote 2 a Trablisa, que obtuvo 73,07 puntos frente a los 39,53 logrados por la otra empresa que pujaba (Compañía de Vigilancia Aragonesa SL o Coviar). Para el 3, la oferta mejor valorada ha sido la de Garda Servicios de Seguridad (81,13 puntos), por delante de Trablisa (50,98).
Hasta este miércoles, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial -dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad- no había publicado aún en la Plataforma de Contratación del Sector Público el anuncio de adjudicación. En la citada reunión, la mesa de contratación acordó requerir a Trablisa -la única de las nueve empresas presentadas que pujó por los seis lotes- y a Garda Servicios las declaraciones responsables de ausencia de prohibiciones de contratar y que constituyeran la garantía definitiva. A excepción del correspondiente a las cárceles andaluzas, que pasará de Protección y Seguridad Técnica SA (Prosetecnisa) a Sicor Seguridad El Corte Inglés SL (8.715.920,40 euros), el servicio correspondiente al resto de los lotes lo seguirán prestando las mismas compañías si terminan materializándose las adjudicaciones a las ofertas que han conseguido la mayor valoración. En total, el presupuesto asciende a 40.251.827 euros, un 7,28 % más que la última vez que se licitó.
Cinco empresas se reparten el contrato Así, Garda Servicios de Seguridad continuaría en los centros penitenciarios de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia y La Rioja (10.004.146,90 euros); la Compañía de Vigilancia Aragonesa se encargaría nuevamente de la seguridad exterior en las cárceles de Aragón, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra (8.437.559,90 euros), mientras que Eulen Seguridad seguiría como adjudicataria en Canarias, Ceuta y Melilla (4.155.591,1 euros). Junto a estas cinco empresas, hubo otras cuatro que también formularon propuestas por algunos de los lotes en liza. Se trató, en concreto, de Prosetecnisa, Secoex, Segurisa Servicios Integrales de Seguridad y Servisegur Vigilancia Privada, según la documentación a la que ha tenido acceso este medio.
El Ministerio del Interior contrata desde hace años a empresas privadas para que se encarguen de la seguridad en los puntos de acceso, los puntos fijos, el impedimento de los tránsitos no autorizados, la observación de los sistemas técnicos de vigilancia y la comunicación de alarmas e incidencias en las prisiones, a fin de que los funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se dediquen a la custodia de los presos fuera de los complejos penitenciarios y al traslado de los mismos. El hecho de que no se haya cubierto en los dos últimos años el contrato relativo a las prisiones de Madrid, Extremadura y Castilla-La Mancha ha obligado a asumir este servicio de vigilancia a la Guardia Civil, que continuará desempeñándolo hasta que los vigilantes de las empresa adjudicatarias comiencen a prestar el servicio.
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