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La sentencia habla de una "actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos".
La justicia acaba de condenar a 2 años y 10 meses de cárcel al que hasta 2016 fue secretario general de UGT Asturias, Justo Rodríguez Braga por tres delitos de fraude en las subvenciones públicas. Además, deberá abonar 585.000 euros de multa. Junto a él también ha sido condenada la ex secretaria de administración y el de formación, que deberá, pagar de forma solidaria otros 330.000 euros al Principado, que era quien otorgaba las subvenciones y que actuó como acusación particular, por los perjuicios causados.
La sentencia habla de una "actuación concertada, una operativa orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos". Considera probado que en las subvenciones para cursos de formación recibidas por el sindicato entre los años 2011 y 2012, parte de ese dinero se destinó a gastos del sindicato, entre ellos a pagar parte del sueldo de algunos trabajadores, como administrativos o informáticos, sin que, la mayoría, tuvieran idea que eso estaba pasando, como reconocieron en el juicio celebrado el pasado mes de octubre. Trabajadores que la sentencia asegura, nada tenían que ver con la formación.
El sindicato, además, según la sentencia, no impartía directamente los cursos de formación, sino que subcontrataba estos servicios, mayoritariamente a empresas intermediarias, aunque vinculadas al él, como el Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), Localmur, en menor medida a Foro Astur de Formación, aunque también a Fundación Metal y Fundación Laboral de la Construcción, así como a otras privadas independientes. Empresas a las que se abonaba en ocasiones, dice el fallo, los gastos de esos cursos con sobrecostes, pagando por encima del precio del mercado con lo que ese dinero revertía también en el sindicato. Ocurría por ejemplo cuando el curso se realizaba en aulas propiedad de UGT o cedidos de forma gratuita al sindicato por un Ayuntamiento, que no generaban por ello coste alguno en concepto de alquiler. Esos locales eran alquilados por las empresas intermediarias de formación y ese coste figuraba se subvencionaba. También había sobrecoste en el sistema de facturación, por horas de los locales y de los equipos informáticos, algo que no era habitual en el mercado.
Además, fueron condenadas otras tres personas, responsables de las entidades intermediarias que hacían posible el desvío del fondos públicos. También ha sido condenado el sindicato UGT como responsable civil de un delito de fraude. Deberá abonar una multa de 122.000 euros. Además, no podrá obtener subvenciones públicas o incentivos fiscales o de la seguridad durante cuatro años. La fiscalía en sus conclusiones finales rebajó la petición de pena para los acusados que en el caso del ex secretario general era inicialmente de 10 años de cárcel al entender que algunos de los delitos, parte de las subvenciones concedidas ya habrían prescrito. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial. La actual dirección de UGT-Asturias siempre ha mantenido la inocencia de los acusados y asegurado que pudo haber errores administrativos en la tramitación de las subvenciones, pero nunca se cometió un delito.
La denuncia partió de extrabajadores del sindicato que se enteraron de que parte de su sueldo se cargaba a las subvenciones y de la antigua responsable de IFES que se negó a "cometer esas irregularidades" según dijo en el juicio. Su denuncia dio pie a una investigación por parte de la UCO que terminó con la detención de la cúpula del sindicato en enero de 2017.
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