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El nuevo marco legislativo que regulará las relaciones profesionales entre empresarios y trabajadores se enfrenta ahora al desafío de lograr un respaldo parlamentario suficiente, y que no altere sustancialmente las bases pactadas. De ser así, Antonio Garamendi, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ya ha advertido que la patronal se saldrá del acuerdo.
“Desde marzo venimos dialogando con las formaciones que vienen apoyando singularmente al Gobierno acerca de esta reforma, y lo vamos a seguir haciendo con discreción y con la convicción de que el diálogo es posible”, ha señalado la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. “Este acuerdo mejora la vida de los trabajadores de este país”, ha completado. Junto a ella ha comparecido también el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien ha asegurado que gracias a este marco normativo se afrontaran las “disfuncionalidades que ha tenido el mercado de trabajo en los últimos años”, y ha agradecido a los agentes sociales, representantes de trabajadores y empresarios, la “amplitud de miras” que han presentado durante la negociación y su “generosidad”. “Desde 2006 no se había alcanzado un pacto con el acuerdo de todos y eso es de celebrar”, ha añadido.
Tres meses de convalidación
En cuanto a la vigencia del nuevo texto, Díaz ha matizado que aunque entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es, desde mañana, las empresas dispondrán de un periodo de tres meses para adaptar los contratos temporales vigentes a las nuevas condiciones. La consecución de apoyos políticos se antoja complicada para el Gobierno. Sus socios más habituales, ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís, han dejado ver su rechazo a la nueva norma, puesto que denuncian que no supone una derogación del marco definido por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012. Gabriel Rufián, portavoz de ERC, ha calificado de “humo” la puesta en escena del pacto alcanzado, y ha advertido que “faltan cosas” en la reforma y que existe “mucho margen de mejora”.
La reforma laboral acordada este martes es el resultado de nueve meses de negociaciones en los que Gobierno, patronal y sindicatos han modificado algunos de los apartados más controvertidos del texto aprobado por el Partido Popular en 2012. Destaca sobre todos ellos la desaparición del contrato por obra y servicio (la principal vía de contratación temporal fraudulenta) y la restricción de la eventualidad a tan solo dos tipos de contratos: el estructural (por circunstancias de la producción) y por sustitución de otro trabajador con reserva de puesto de trabajo. El primero solamente podrá extenderse hasta los seis meses de duración, o a un año si lo permite el convenio de la actividad que se desempeñe.
Para reducir aún más el embudo de la temporalidad, aquellas personas que en un plazo de 24 meses hayan encadenado contratos eventuales durante 18 meses pasarán a ser consideradas como indefinidas, reduciéndose los plazos actuales. El nuevo marco laboral recoge, sin embargo, una ventana de 90 días para que las empresas puedan llevar a cabo contratos de duración determinada en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad o agrícolas. Para ello, en el último trimestre del año anterior a la realización de estos contratos, los representantes sindicales deberán ser informados de la previsión anual realizada por las empresas. Con todas estas barreras a la temporalidad lo que pretende la nueva reforma laboral es potenciar el contrato fijo-discontinuo para las tareas de naturaleza estacional, que, además, reconocerá a los trabajadores la antigüedad de todo el periodo de la relación laboral, y no solo de los periodos trabajados.
Negociación colectiva Desde el Ministerio de Trabajo, en sintonía con los sindicatos, se han celebrado especialmente las modificaciones en negociación colectiva, como el regreso de la ultraactividad plena (se elimina el plazo de un año para negociar la renovación de un convenio) y la primacía del convenio sectorial por encima del de empresa en materia de salarios. De la misma forma se valora la incorporación en la normativa estructural de los ERTE tal y como se han venido implementando durante la pandemia en lo referente a los beneficios de cotización vinculados a la realización de acciones formativas y al mantenimiento del empleo. Los nuevos ERTE estructurales, denominados Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, contarán con dos modalidades: una cíclica, cuando se aprecie una coyuntura macroeconómica que aconseje la adopción de instrumentos de estabilización y con una duración máxima de un año; y otra sectorial, a la que podrán acogerse las empresas cuando un determinado sector aprecie cambios que generen necesidades de recualificación y de transición profesional.
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