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Se trata de dos planes de choque contra el fraude en la contratación temporal y en la contratación a tiempo parcial, con especial atención en grandes empresas del sector servicios, hostelería, comercio y la educación.
Ambos están recogidos en el Plan Director contra la Explotación Laboral 2018-2020, que previsiblemente aprobará el próximo Consejo de Ministros y que incluye 75 medidas a desarrollar por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para hacer frente al deterioro de las condiciones laborales en la salida de la crisis, según consta en el borrador del plan. El documento señala también las reformas legales necesarias para atacar "la raíz del problema" desde el diálogo social y político, entre las que destaca el endurecimiento de las sanciones de orden social para que el empresario que contrate en fraude de ley sea penalizado por cada uno de los trabajadores afectados y no por el total.
El plan subraya que en la actualidad la mayoría de las veces ni siquiera se pone una sanción y solo se procede a la conversión de los contratos temporales en indefinidos, lo que desincentiva que se hagan contratos fijos desde un principio para cubrir las necesidades permanentes de las empresas. Lograr un efecto disuasorio entre aquellos que promueven el fraude y las situaciones de explotación laboral es uno de los objetivos de los planes de choque que pretenden ponerse en marcha con carácter inmediato y que tendrán una primera fase de rastreo informático a través de la Herramienta de Lucha contra el Fraude.
Esta es la herramienta con la que cuenta la Inspección para cruzar datos de diferentes administraciones y detectar infracciones a través de la creación de ciertos perfiles de fraude. Las empresas con posibles situaciones de fraude serán instadas a revisar su situación en el plazo de un mes, advirtiéndoles de actuaciones inspectoras de comprobación en el caso de no regularización. Además se establecerán campañas extraordinarias autonómicas acordes a las peculiaridades de cada territorio, en línea con los refuerzos que ya se realizan en Baleares en julio y agosto, y en Canarias en octubre y noviembre.
En el sector de la educación, Trabajo se propone erradicar la contratación temporal fraudulenta de profesores durante el curso escolar a los que se extingue el contrato en los periodos no lectivos. En la hostelería y el comercio, actividades intensivas en horas de trabajo, se prestará especial atención a las jornadas parciales que no se corresponden con las efectivamente trabajadas.
Entre otras medidas del plan director que se acometerán a lo largo de sus tres años de vigencia, está el control de las largas jornadas que no respetan los tiempos de descanso legales en sectores como comercio, hostelería, telemarketing, empresas de seguridad, sector sanitario y de servicios sociales o transporte y distribución de paquetería. En estas actividades también se vigilará la mayor siniestralidad laboral asociada a la elevada carga de trabajo y que incide en mayor medida en los trabajadores temporales, con especial observación de accidentes de tráfico y riesgos psicosociales. Habrá también campañas específicas para colectivos especialmente afectados por la descentralización productiva (subrogación), como el de las camareras de piso o el de los vigilantes de seguridad. También se pondrá en marcha una Unidad de Lucha contra la Discriminación para velar por la igualdad de trato de todos los colectivos vulnerables (mujeres, inmigrantes, trabajadores con discapacidad o LGTBI).
Se reforzará la lucha contra la economía irregular, tanto el trabajo no declarado como el realizado por falsos autónomos, para lo que se intensificarán las inspecciones nocturnas o en fin de semana y días festivos. Asimismo se vigilará la posible trata de personas y la implantación de las llamadas "empresas buzón", sin actividad real pero que contratan trabajadores que luego son desplazados a otros países de la UE con mayores costes laborales. A ello se suma el control de los falsos becarios, sobre todo los casos en los que el puesto de trabajo conlleva una formación previa a pagar por el alumno.
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