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La Administración General del Estado (AGE) mantiene 250.592 contratos de seguridad privada con medio centenar de empresas del sector, según las cifras facilitadas al Congreso de los Diputados a petición del diputado socialista Juan Carlos Corcuera Plaza. Desde cuarteles y bases militares a juzgados, pasando por cárceles, oficinas de la Seguridad Social y establecimientos ministeriales, puede decirse que muy pocas dependencias oficiales se hallan fuera del control, la videovigilancia, la alarma y la custodia de las empresas privadas de seguridad.
El Gobierno –la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristobal Montoro, en este caso– no han aportado el volumen económico que representa tan ingente contratación de seguridad para las dependencias administrativas. El cómputo llevará tiempo, pero una estimación global a partir de los presupuestos de 2015 permite hablar de una cifra superior a 1.100 millones de euros, casi el doble de lo que el Ministerio del Interior destina al funcionamiento y las nóminas de los 68.901 agentes en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía.
Las cinco primeras empresas en número de contratos, según el ejercicio de 2013, son Securitas Direct España (130.282), Prosegur España (22.725), Tyco Integrated Security (9.026), Detector de Seguimiento y Transmisión (8.076) y Segur Control (5.091). Si se añaden las cinco siguientes en volumen de contratación, la cifra de contratos se eleva a 193.953. Entre las veinte primeras figura Seguriber, con 1.452 contratos. Como es sabido, esta empresa, presidida por la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica de Oriol, especialista en insultar a los jóvenes en paro y a las mujeres en edad de procrear, era la encargada de vigilar el recinto del Madrid-Arena en el que murieron asfixiadas cinco jóvenes hace dos años. También fue elegida durante muchos años por el PP para dar escolta a sus cargos públicos y responsables del partido en el País Vasco, con cargo al presupuesto del Ministerio del Interior. Con el fin del terror de ETA, el departamento de Jorge Fernández Díaz le encargó un “plan piloto” para privatizar el control de los accesos y la vigilancia exterior de las prisiones y finalmente le ha adjudicado, como cabeza de una unión temporal de empresas, ese servicio en todas las cárceles, menos las catalanas, en las que no tiene competencias.
La firma de esos 250.592 contratos con 50 empresas –la que menos contratos tiene asignados es Serramar Vigilancia y Seguridad, con 620–, desmiente la unidad y centralización de las compras y la contratación para ahorrar gasto público, largamente anunciada por la vicepresidenta Sáenz de Santamaría, y refleja una dispersión y autonomía de cada departamento y negociado de la AGE objetivamente incompatible con la buena administración de los recursos públicos y el combate de la corrupción. Entre esas cincuenta empresas con más contratos figura Seguridad Integral Canaria, con 762, cuyo presidente, Miguel Ángel Ramirez -indultado por el Gobierno de un delito ecológico y amigo del ministro de Industria, José Manuel Soria,- aparece en los listados de donantes al PP.
El extraordinario desarrollo de la seguridad privada, fomentado con especial empuje por los gobiernos del PP en la época de Aznar y de nuevo con Mariano Rajoy de jefe del Ejecutivo, tiene una incidencia directa en la nueva Ley de Seguridad Ciudadana que presenta este jueves en el pleno del Congreso el ministro Fernández Díaz. El texto cuenta con el rechazo del PSOE y de toda la oposición de izquierda, que ha presentado enmiendas de devolución. La ley Fernández fija en su artículo 7-3, el “especial deber” de las empresas de seguridad privada, los despachos de detectives privados y el personal de seguridad privada de auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, prestarles la colaboración que precisen y seguir sus instrucciones en relación con los servicios que presten cuando afecten a la seguridad pública. En contrapartida, se dota a los vigilantes privados de una “protección jurídica” análoga a la de los agentes de seguridad “frente a las agresiones o desobediencias” de las que puedan ser objeto por los manifestantes al cumplir ese “especial deber” de cooperar con las fuerzas de seguridad.
Pero esta nueva instrumentación de la seguridad privada no figura en la ley Fernández sino en la nueva regulación del sector que entró en vigor en septiembre pasado. El PP entendió que el principio general de exclusión de la seguridad privada de los espacios públicos resultaba “obsoleto” y estableció en los artículos 14 y 15 de la nueva Ley de Seguridad Privada desde la intervención de los vigilantes contra los manifestantes hasta la entrega de datos, identificaciones y filmaciones.
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