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Esta es la segunda comparecencia, desde que comenzó el curso político en septiembre, de Alonso en comisión del Parlamento para ofrecer datos sobre el trabajo de análisis de los expedientes relativos a ayudas a cursos de formación que está llevando a cabo su departamento. El pasado 4 de septiembre, informó de que el Gobierno andaluz reclamaba la devolución de 17.451.211 euros de ayudas a cursos de formación, en virtud de las resoluciones definitivas de reintegro de 581 expedientes ya analizados.
Esa cifra se ha elevado ya a 19,3 millones después de que el consejero haya dado cuenta este miércoles en comisión parlamentaria, en una comparecencia a petición de IULV-CA y de PP-A, de que se reclaman 1,9 millones de euros más. Según ha explicado, si bien en los primeros días de septiembre se estaban analizando en torno a la mitad de los expedientes de subvenciones para cursos de formación, concretamente 4.365 expedientes de un total de los 8.505 que hay entre servicios centrales y delegaciones provinciales, hoy hay que sumar un total 788 expedientes más sobre los que los técnicos ya están trabajando.
En cuanto a la situación de esos 778 expedientes, 547 están en requerimiento de información, estudio o en fase de inicio de reintegro; 59 expedientes ya tienen propuesta de resolución definitiva de reintegro, por un importe de 1.923.812 euros, que se tendrán que ser devueltos a las arcas públicas, y 182 expedientes resueltos, que se han justificado correctamente y que, cerrada su tramitación administrativa, se han remitido a la Intervención General para su fiscalización, liquidación y abono. Desde que comenzó el trabajo de análisis de expedientes, según el consejero, se puede concluir que, a día de hoy, se han analizado un total de 5.153 expedientes, el 60,5 por ciento del total de expedientes de subvenciones pendientes de tramitar. Concretamente, 3.051 están en requerimiento de documentación, estudio o inicio de reintegro; 1.462 han sido resueltos, es decir, se han justificado correctamente, y para 640 se han propuesto resoluciones definitivas de reintegro.
Respecto a la anunciada publicación de los expedientes de reintegro con nombres de beneficiarios y cantidades como se había solicitado desde el Parlamento, Alonso ha explicado que un informe del Gabinete Jurídico de la Junta argumenta que esto puede conllevar una vulneración en la normativa de la protección de datos. Ha apuntado que el citado informe advierte, en primer lugar, de que habría que distinguir entre personas físicas y personas jurídicas, ya que aunque las normas de protección de datos no son de aplicación a la información referida a las personas jurídicas, ello no significa que la publicación de información relativa a las mismas no pueda generar algún tipo de responsabilidad a la administración autora de dicha publicación.
Asimismo, el Gabinete Jurídico pone de manifiesto que, una vez advertida esa distinción en lo que respecta a las personas físicas, sería preciso recabar su consentimiento con carácter previo a la publicación de datos de carácter personal, siendo así, que en el caso de procederse a la disociación de datos al que alude el artículo 15.4 de la Ley de Transparencia, ello no estaría exento de problemas. Alonso ha indicado que, previo a este informe, se recibieron diversos escritos por parte de empresas de Formación Profesional, donde se instaba a la no publicación de las resoluciones porque podían verse afectadas "debido a la atención mediática negativa que, según sus palabras, se está produciendo sobre la materia de la formación profesional para el empleo". Así se lo trasladó también por carta el pasado 24 de septiembre el presidente de la CEA, Javier González de Lara.
De igual manera, el consejero ha incidido en la colaboración permanente de la Junta con la justicia y ha informado de que las personaciones de la administración autonómica, como parte afectada e interesada, se elevan a once procedimientos judiciales en curso al sumarse cinco casos más. Luciano Alonso ha informado además de la incorporación desde de un interventor específico dedicado en exclusiva a la fiscalización de los expedientes de FP para el Empleo y que depende directamente de la Intervención General. El consejero ha informado que desde 2004 y hasta la fecha se han realizado pagos en materia de formación para el empleo por importe de 21,3 millones a 365 entidades público y privadas y personas físicas que han justificado correctamente sus expedientes. De igual manera, el consejero ha insistido en que desde que asumiera su actual cargo, no se ha efectuado "ni una sola exoneración o exceptuación", como tampoco se ha procedido a ninguna convocatoria de ayudas.
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