“Con el inicio del año 2014 va a coincidir la entrada en vigor de la reforma de las Administraciones Locales y con la inminente aprobación de la nueva Ley de Seguridad Privada como complementaria y corresponsable de la seguridad ciudadana, pone en evidencia algunas de las intenciones del gobierno del PP para beneficiar a las empresas privadas de seguridad y convertir el ámbito público en un negocio más”, comentaron desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca.
En el caso de la Policía Local, desde la FSC CCOO expusieron sus temores, que va a tener como consecuencia la posible desaparición de estos agentes, no sólo en las capitales y grandes municipios sino también en los pequeños municipios que podrán ser sustituidos por vigilantes privados por ejemplo para la custodia y vigilancia de edificios, patrullaje urbano, etc. En la provincia de Cuenca actualmente hay aproximadamente unos 170 miembros de policía local, en 15 municipios, donde se incluyen los agentes de movilidad de la capital y vigilantes municipales de algunas localidades.
Para CCOO la Ley de Seguridad Privada “precariza la seguridad pública a favor del negocio privado y desprotege a los vigilantes". “Está dentro de su estrategia de recortes presupuestarios que impone el PP y con ella se avanza en la su lógica de que sólo quienes la puedan pagar tendrán seguridad", advirtieron. "La nueva normativa además es un ejemplo más de la estrategia de acoso a los derechos sociales y de deterioro democrático que desde el Ministerio del Interior se está promoviendo de manera preocupante con la futura Ley de Seguridad Ciudadana", manifestaron desde la FSC CCOO-Cuenca.
“La prestación de un servicio público de seguridad y de calidad exige una formación de nivel, experiencia en el desarrollo de las tareas, y potenciación de la investigación y la especialización, por ello la seguridad privada debe buscar su crecimiento y su mercado, con un empleo de calidad en el ámbito privado y no sobre la destrucción de los servicios públicos”, remarcaron, para señalar por último que “la ley no es beneficiosa para los trabajadores y trabajadoras del sector de seguridad privada. Muy al contrario, va a suponerles más responsabilidades sin beneficios”.
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