Con la nueva ley, mas negocio para las empresas de seguridad privada

Esta primavera encontraremos guardias privados de seguridad vigilando calles y centros comerciales, eventos deportivos o culturales, polígonos industriales y hasta el exterior de las cárceles y centros de inmigrantes. Además, podrán pedirnos la documentación, cachearnos e incluso detenernos. Y si hay algún enfrentamiento, disfrutarán de la protección del nuevo Código Penal, como si fueran servidores públicos. Son los cambios que introduce la nueva Ley de Seguridad Privada, que se debate ahora en el Senado y con la que el Gobiernoamplía el negocio de la seguridad privada en España. El objetivo es privatizar una parte de la seguridad que ahora prestan las fuerzas de seguridad pública, que apenas crecen por los recortes. Con ello, tendremos una seguridad de peor calidad, con profesionales peor formados, y más centrada en empresas y particulares que la puedan pagar. Otro servicio público, como la sanidad, la educación, la justicia o el agua, que Rajoy privatiza.

España es uno de los países europeos con más fuerzas de seguridad pública:259.791 vigilantes públicos, casi como Alemania (260.000, con el doble de población), entre Guardia Civil (80.300), Policía Nacional (70.733), policías autonómicas (17.160 Mossos, 8.008 Ertzaintza y 1.090 Policías Forales de Navarra) y policías locales (64.500). Ello da una media de 1 guardia público por 198 habitantes, una proporción mucho mayor que la de Francia (1/271), Alemania(1/326), Reino Unido (1/382), Suecia (1/522) o Italia (1/565). Sin embargo, cuenta con menos guardias privados de seguridad: 82.150, casi la mitad que Alemania (170.000) y la cuarta parte que Reino Unido (365.000). De hecho, España cuenta con un vigilante privado por cada 525 habitantes, una cifra muy inferior a la media europea (1/369) y a países como Francia (1/437), Alemania (1/484), Italia(1/260) o Reino Unido (1/170).

Con ello, España tiene casi tres guardias públicos por cada vigilante privado(2,65/1), mientras en otros países hay más equilibrio (1,61 públicos/1 privado en Francia o 1,48 públicos/1 privado en Alemania) o incluso gana la seguridad privada (0,44 públicos/ 1 privado en Reino Unido). Y eso, a pesar de que desde 2010 se han congelado las plantillas y sólo se reponen el 10% de las vacantes por jubilación, lo que ha aumentado la presencia de la vigilancia privada en tareas que antes cubrían exclusivamente las fuerzas de seguridad públicas: Ministerios e instituciones públicas (estatales, autonómicas y locales), cuarteles, aeropuertos, trenes, Metro, hospitales, centros educativos y Universidades, eventos deportivos(en cada partido del Bernabéu hay más seguridad privada que Policía Nacional),cabalgatas y procesiones, playas, urbanizaciones…

De hecho, un 24% del negocio de la seguridad privada en España lo contratan ahora el Estado central, las autonomías y los Ayuntamientos, con cargo a nuestros impuestos. Pronto, este porcentaje se disparará, cuando entre en vigor esta primavera la nueva Ley de Seguridad Privada, que está ahora en el Senado y que el Gobierno sacó adelante en el Congreso en diciembre, en Comisión (no pasó al Pleno, como es habitual), con el único apoyo de CiU y PNV. El objetivo de esta Ley es legalizar la presencia de la seguridad privada en zonas comerciales(la calle Preciados o Las Ramblas), polígonos industriales, urbanizaciones, eventos culturales o deportivos, exterior de cárceles y centros de detención de extranjeros. O sea, en cualquier lugar. Además, se permite a los vigilantes privadosidentificar, cachear e incluso detener en caso de fragante delito. Y estos guardias privados (que ahora podrán ser de países no europeos) tendrán la cobertura del Código Penal (nuevo artículo 554) en caso de ser atacados (delito de atentado, como si fueran funcionarios públicos).

Con esta nueva Ley, las empresas de seguridad privada van a “tener más negocio”, como ha reconocido el propio ministro del Interior, quien ha resaltado que España sea uno de los países con menos vigilantes privados (200 por 100.000 habitantes, frente a 271 en la UE). De hecho, el Gobierno Rajoy ya había privatizado una buena parte de la seguridad (en mayo pasado privatizó la vigilancia de los perímetros exteriores de 21 cárceles) y ahora se espera que en unos meses se multipliquen los concursos para que las empresas de seguridadentren en las instituciones públicas y suplan la falta de Policía Nacional y Guardia Civil, cuyas oposiciones se convocan con cuentagotas, para rebajar el gasto público.

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