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La firma trabaja desde hace dos meses con “encargo directo con gasto a convalidar”
El portavoz de la Comisión de Vigilancia de la Contratación en la Asamblea de Madrid, Enrique Veloso (Ciudadanos), escuchó ayer “asombrado” que la empresa privada encargada de la vigilancia y seguridad de las 71 sedes judiciales adscritas a la Consejería de Presidencia carece de contrato desde hace dos meses.
Lo desveló la directora general de Justicia y Seguridad, María Cristina Díaz Márquez, que comparecía ante los parlamentarios a petición de Ciudadanos para explicar los detalles del nuevo procedimiento de contratación del servicio de vigilancia, que ya se ha puesto en marcha. “En un contexto”, indicó Veloso, en el que “los trabajadores quieren saber cuáles serán sus condiciones laborales, sea cual sea la concesionaria”.
La empresa Alerta y Control, anterior adjudicataria del contrato de vigilancia del acceso de personas y de la seguridad de los edificios judiciales, está prestando el servicio mediante un “encargo directo con gasto a convalidar”, aclaró ayer Díaz Márquez. Esta fórmula se continuará aplicando hasta la formalización del nuevo contrato, asegurándose así la continuidad del servicio. Alerta y Control se hizo con el concurso público en abril de 2013 por 15 millones de euros en dos años. Cuando finalizó este plazo, se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2015. La consejería intentó modificar el contrato antes de que venciera su ampliación, debido a “las necesidades actuales en materia de seguridad de las sedes judiciales”. También pretendía prorrogarlo, al menos hasta que se volviera a convocar una licitación pública. Pero se topó con dificultades presupuestarias, administrativas y con la oposición del contratista.
Veloso no se explica la razón de que se haya recurrido a esta fórmula, “teniendo en cuenta que es una situación previsible, porque se conoce desde el principio el plazo de ejecución del contrato”. El portavoz de la comisión recuerda que se está primando a una empresa sobre otras. Cada mes cuesta unos 695.000 euros. En su opinión, se están vulnerando la Ley de Contratos y la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, “incurriendo en una posible infracción en materia de gestión económico-presupuestaria”. El Consejo de Gobierno tendrá que aprobar el importe.
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