Empresas como Seguridad Integral Canaria contratan con la Administración pese a sus deudas con Hacienda y la Seguridad Social
La vicepresidenta para todo, Soraya Sáenz de Santamaría, ha utilizado las ruedas de prensa de los viernes en Moncloa para ridiculizar a los diputados que se han puesto a su tarea, sin escudarse en la inexistencia de un nuevo gobierno para holgar. La “vice” buscaba ángulos jocosos entre las 60 solicitudes de comparecencia presentadas para que los miembros del Gobierno en funciones den las debidas explicaciones. De todas maneras, en momentos de desencanto como los actuales debe evitarse hacer tabla rasa indiscriminada y denostar a todos por igual. Conviene diferenciar entre quienes cardan la lana y quienes llevan la fama. Amanecerá, pero, entre tanto, los comportamientos inertes de algunos diputados deben separarse de los que caracterizan a quienes se aplican al ejercicio del control. El principio de que nada permanece igual a sí mismo después de haber sido difundido como noticia se aplica todavía con más rigor para afirmar que todas las cuestiones cambian a partir del momento en que toman estado parlamentario.
En particular, el escrito de 15 de septiembre a la Mesa del Congreso de los Diputados, de Antonio Trevín, elegido por la circunscripción de Asturias, enfoca la situación de la seguridad privada en España, menciona su perfil polémico por ser considerado a veces una vía para eludir la prestación del servicio público y diferencia entre las empresas de indudable profesionalidad y las que han proliferado en los últimos años, poco respetuosas con los derechos de sus trabajadores e incumplidoras de sus obligaciones fiscales y tributarias. Es un hecho de observación general que sin estar al corriente de esos pagos contratar con las administraciones públicas resulta imposible. Pero esa imposibilidad se ha demostrado que en absoluto es cortapisa de existir la conexión adecuada cuando la gestión corresponde a gobiernos del Partido Popular.
El caso que relata el diputado Trevín es aún más agudo porque hay sentencias judiciales firmes que conllevarán el pronto ingreso en prisión de algunos de los dirigentes de las empresas aludidas y porque se han detectado extorsiones y amenazas contra responsables sindicales enfrentados a las empresas piratas y propulsores de actuaciones judiciales, en particular contra Seguridad Integral Canaria, al considerarla incursa en delitos referentes a la Seguridad Social y la Hacienda Pública. En consecuencia, el diputado pregunta en su escrito qué actuaciones lleva a cabo el Gobierno para poner orden en el sector de la seguridad privada, cómo está garantizando la seguridad de las personas que han tenido el atrevimiento de ser denunciantes de comportamientos irregulares y cuántas inspecciones ha llevado a cabo el Ministerio del Interior para verificar el cumplimiento de sus obligaciones por parte de
las empresas de seguridad privada desde 2014 en adelante.
Indultos y contraindultos Bajando al detalle, asombran los contratos asignados a Seguridad Integral Canaria Ralons, para los que no han sido obstáculo las deudas con Hacienda y la Seguridad Social de su propietario Miguel Ángel Ramírez Alonso, ni tampoco el hecho de que esté condenado por delito medioambiental. Mientras, sigue sin explicarse que fuera indultado por el Gobierno, siendo Alberto Ruiz Gallardón ministro de Gracia y Justicia. Aunque su irregularidad era tal que el indulto fue anulado después por los tribunales. Como recordaba el periódico AHORA, entre los contratos citados en el Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados del 20 de marzo de 2014 figura uno de 11 millones de euros con Patrimonio Nacional. Algunos más implican al Ministerio de Defensa por importe de 32 millones de euros y al Metro de Madrid por importe de más de 12 millones de euros. ¿Hay alguien ahí competente para aportar las debidas explicaciones? Veremos.
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