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La Policía Nacional detiene a un paciente de 44 años por agredir a su médico de cabecera del Centro de Salud de Escaleritas, en Las Palmas de Gran Canaria, que se negó a recetarle un fármaco ansiolítico, que ya le había sellado unos días antes. Es el segundo caso en la provincia de Las Palmas en una semana, tras un caso anterior en Lanzarote.
El Colegio de Médicos de Las Palmas pidió ayer a la Administración "que incremente las medidas de seguridad en los centros sanitarios". En una semana se han contabilizado dos agresiones a profesionales sanitarios. El último incidente tuvo lugar en Escaleritas el miércoles, cuando el médico manifestó que un paciente acudió a la consulta y le exigió recetas de un conocido fármaco tranquilizante. "Tras negárselas, porque se las acababa de dar días atrás, el individuo le amenazó y agredió hasta que pudo ser auxiliado por un vigilante de seguridad, abandonando el autor el lugar", según la Policía Nacional, que localizó luego en los alrededores al supuesto autor. El detenido pasó a disposición de la Autoridad Judicial, que decretó su libertad con cargos. El individuo responde a las iniciales J. Q. E., tiene 44 años, cuenta con numerosos antecedentes policiales, y se enfrenta ahora a un delito de atentado a la autoridad.
Mientras, la agresión al médico del Centro de Salud de Valterra, en Arrecife de Lanzarote, se cometió el lunes 29 de agosto. El supuesto agresor, sin motivo aparente, accedió al centro sanitario y comenzó a agredir a varias personas que estaban trabajando en ese momento, entre los que se encontraba un médico, según la Policía Nacional. El Colegio de Médico hizo ayer un llamamiento a la ciudadanía para que "rechace este tipo de comportamientos violentos hacia un colectivo cuya labor es fundamental", según informan en un comunicado, en el que pidió a la Administración "que incremente las medidas de seguridad en los centros sanitarios". En ambos casos los Servicios Jurídicos del Colegio de Médicos se están encargando de las diligencias judiciales.
La secretaria general del Colegio, Marta León, manifestó que no se está detectando una mayor incidencia en cuanto al número de agresiones, si bien recalcó que "no deben repetirse". Desde hace siete años pegar a un trabajador del Servicio Canario de Salud constituye un "delito de atentado" contra una autoridad pública, lo que podría llevar al agresor a la cárcel por un periodo de uno a tres años, ya que no solo se contemplan las lesiones.
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