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El Ejecutivo anunció grandes contratos centralizados a partir de 2017 para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones laborales de los trabajadores. El viceconsejero de Presidencia y Justicia dice ahora que "no pueden correr ese riesgo".
La Cadena Ser avanzó en marzo que el Ejecutivo iba a modificar la forma de contratar la seguridad privada a partir de 2017, después se anunció oficialmente, y ahora, a tres meses de renovar la licitación, el Gobierno regional dice que no puede cumplir lo que había prometido. En respuesta a la diputada socialista, Carla Antonelli, el viceconsejero de Presidencia y Justicia, Enrique Ruiz Escudero, reconoció en la Asamblea que la propuesta que hizo en su día la consejería de Economía y Hacienda para afrontar los problemas de contratación de los trabajadores de la seguridad privada de la Comunidad no es viable."Todas las consejerías, sí que es cierto, nos habíamos movido en el sentido de que todos los contratos concluyesen el 31 de diciembre de 2016 para iniciar el contrato centralizado, pero realmente, y fruto de lo que estamos viendo, creo que ese riesgo no lo podemos correr", dijo.
La intención del Gobierno regional era centralizar los contratos de los trabajadores de seguridad de todas las consejerías y después dividirlos en lotes para evitar el acceso de empresas que incumplen el convenio estatal y precarizan las condiciones de los trabajadores, algo que pueden hacer con la ley actual. Por ejemplo, el pasado mes de julio, la Consejería de Sanidad adjudicó un contrato de seguridad de más de 300.000 euros a una de las empresas de Miguel Angel Ramírez, conocido como el 'capo' de la seguridad en Madrid.
Un nuevo "brindis al sol" de Cifuentes El PSOE asegura que la situación de los trabajadores de seguridad de la Comunidad es "dramática" y denuncian que "a la sombra de la reforma laboral del PP se han creado empresas fantasma para contratar a la baja y esquilmar los sueldos de los trabajadores". Según dicen, estas empresas concursan en la licitación de los contratos de la seguridad privada para los edificios de la comunidad y lo que hacen al día siguientes es reducir un 40% el sueldo de los trabajadores.
La diputada Carla Antonelli acusa al Gobierno regional de haber incumplido su promesa de resolver la situación de estos empleados y hacer un nuevo "brindis al sol". "Estamos al principio de la historia, la Comunidad de Madrid no ofrece soluciones, y lo único que ofrece son titulares para salir del paso y a ver si nos olvidamos durante unos meses de estar presionando. El problema son 90 personas que están cobrando 400 euros menos", subraya la socialista.
El Gobierno promete endurecer los criterios de adjudicación La Consejería de Presidencia reconoce que el anuncio "no se va a llevar a cabo" y que resulta "muy difícil" elaborar un solo contrato porque existen demasiadas especificidades en cada edificio y "no está garantizado" que el concurso no se adjudique a una de las empresas que no cumplen con el convenio estatal. Fuentes del departamento aseguran a la SER que Ángel Garrido, portavoz del Ejecutivo y Consejero de Presidencia y Justicia, ha dado la orden de que se incluya en los próximos pliegos una cláusula unificada para priorizar que el contrato se conceda a empresas que no se descuelguen del convenio estatal frente al criterio precio.
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