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Sánchez Aparicio se convierte a sus 65 años en director de Relaciones Institucionales del gigante de la seguridad en España. El ministro le encargó la supuesta investigación de las grabaciones en su despacho dos semanas antes de que se jubilara La delincuencia organizada y otras amenazas para los clientes de Prosegur eran competencia del comisario hasta su marcha de la Policía
La puerta giratoria en el ámbito de la seguridad se ha puesto en marcha este verano para que el comisario José Santiago Sánchez Aparicio, hasta julio máximo responsable policial de las investigaciones por corrupción y delincuencia organizada, se convierta a sus 65 años en director general de Relaciones Institucionales de Prosegur, la empresa líder en España en venta de protección privada a los ciudadanos.
Como director de Relaciones Institucionales, Sánchez Aparicio tendrá la oportunidad de engrasar las relaciones de la compañía con la Administración. La empresa líder de la seguridad en España mantiene en vigor varios contratos con las distintas administraciones, destacando entre ellos el que firmó en septiembre de 2014 por 24,8 millones para prestar “servicios de seguridad integral y de auxiliares de control en los edificios de la Administración General del Estado”. Sánchez Aparicio se jubiló en julio de la Policía y “a la vuelta del verano” comenzó a trabajar en Prosegur, confirman fuentes de la compañía.
Santiago Sánchez es un dirigente histórico del Sindicato Profesional de Policía (SPP), la organización mayoritaria entre los mandos del Cuerpo y que nutre la Junta de Gobierno cuando gobierna el Partido Popular. Tras la victoria electoral de 2012, el comisario principal pasó a integrar la cúpula de la Policía como jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento. Pero fue en octubre de 2013, con el tercer cese de un comisario general de Policía Judicial en menos de dos años, cuando Sánchez Aparicio -‘Chati’ dentro del Cuerpo-, pasó a ocupar un puesto clave para algunos de los asuntos más polémicos de los últimos años relacionados con el Ministerio del Interior.
La Comisaría General de Policía Judicial engloba todas las unidades especializadas en delito relevantes, excepto el terrorismo, por lo que también combate las amenazas a la seguridad de los clientes de Prosegur. La UDEF, que tiene entre sus competencias la corrupción, también pertenece a la Policía Judicial que ha dirigido Sánchez Aparicio. Fernández Díaz destituyó al llegar a Juan Antonio González, el responsable de la Policía Judicial con el PSOE, y a los seis meses prescindió del sustituto, Enrique Rodríguez Ulla, porque había investigado el ático de Ignacio González sin comunicárselo a sus superiores.
Interior optó entonces por José García Losada, un comisario de prestigio en la Policía que ya había ocupado cargos relevantes en la época de Aznar. Pero García Losada dejó trabajar a la UDEF en un momento clave de la investigación del caso Gürtel y eso le costó el puesto. Su cese estuvo vinculado a los informes que los investigadores firmaron sobre la entonces ministra de Sanidad, Ana Mato, y su relación con la trama de corrupción, asunto por el que la exdirigente del PP acabó dimitiendo.
Gürtel e Informe Pisa Con Sánchez Aparicio al frente de la Comisaría General de Policía Judicial se produjeron las presiones a los investigadores del caso Gürtel, a través de la Unidad de Asuntos Internos, que eldiario.es reveló en octubre de 2014. Cuando el jefe de la Brigada de Blanqueo Capitales, perteneciente a la UDEF y de la que dependen las investigaciones por corrupción, pidió marcharse, Sánchez Aparició situó al frente de ella a José Manuel García Catalán, antiguo compañero suyo del sindicato de los mandos y sin experiencia en delitos económicos.
El nuevo director de Relaciones Institucionales de Prosegur fue el encargado de recibir el informe apócrifo sobre la supuesta financiación irregular de Podemos que realizó la denominada Unidad de Inteligencia de la Policía. Se trataba de blanquear sus datos para presentarlos ante un tribunal, algo que finalmente hizo Manos Limpias con el resultado de su inadmisión a trámite y desprecio por parte del Supremo. El último encargo delicado que recibió Sánchez Aparicio antes de jubilarse el pasado 17 de julio fue investigar las grabaciones a Fernández Díaz en su despacho hablando con el director de la Oficina Antifraude catalana. El ministro no tuvo empacho en colocar al frente de las supuestas pesquisas a un policía que abandonaría la Policía en dos semanas. El muñidor del encuentro entre Fernández Díaz y Daniel de Alfonso fue, según confiesan los interlocutores, es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, expresidente del Sindicato Profesional de Policía con el que Sánchez Aparicio colaboró estrechamente en esa época.
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