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La Audiencia Provincial de Madrid notificará este martes a todas las partes la sentencia del denominado caso Madrid Arena, cuatro años después de la tragedia en la que murieron cinco jóvenes el 1 de noviembre de 2012. Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid ha citado a los quince acusados a las 12.00 horas para firmar y recoger en mano el fallo del tribunal.
Los procesados podrán estar acompañados de sus abogados y procuradores, si bien tendrán que ser los acusados los que firmen. Quienes si podrán designar un representante legal para recoger el fallo serán los cuatro responsables civiles (Zurich, AIG, Mapfre e Hiscox) y los cinco subsidiarios (Ayuntamiento de Madrid, la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, la promotora del evento Diviertt y las compañías de seguridad Seguriber y Kontrol 34). Asimismo, deberán personarse los representantes legales de las siete acusaciones particulares y las dos acusaciones populares, aunque el sindicato Manos Limpias fue apartada del procedimiento tras ausentarse del juicio y no formular su escrito de conclusiones.
No se descarta que a la sede de las secciones penales de la Audiencia de Madrid acudan familiares de las cinco jóvenes que perdieron la vida en la fatídica fiesta de Halloween, como hicieron cuando asistieron a algunas sesiones de la vista oral. Fueron un total de 49 sesiones en las que el tribunal, presidido por la magistrada Luisa Aparicio Carril, escuchó las declaraciones de hasta 141 testigos, una cifra insólita en los juicios desarrollados en los últimos años en Madrid, y visionó decenas de grabaciones que daban cuenta de la angustia y el horror que se vivió aquella noche en el pabellón.
La sentencia llega para aclarar las circunstancias en las que murieron Belén Langdom, Cristina Arce, Rocío Oña, Katia Esteban y María Teresa Alonso y para depurar la responsabilidades penales de los quince acusados por la tragedia. Pero también para esclarecer si hubo sobreaforo, cuales fueron las causas del cierre de las salidas de emergencias, porqué no había nadie en el control de cámaras cuando se produjeron los hechos, cuales fueron los fallos de seguridad, porqué entraron tantos menores a la fiesta y quien dio la orden de aliviar la requisa y abrir el portón de carga por el que se colaron centenares de personas procedentes del macrobotellón exterior.
El Ministerio Fiscal pide cuatro años de cárcel para el principal acusado, el promotor del evento Miguel Ángel Flores por cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y dieciséis delitos de lesiones por imprudencia grave; y un año y seis meses de prisión para los jefes del equipo médico, Simón y Carlos Viñals por un homicidio por imprudencia grave a cada uno de ellos. Asimismo, el Ministerio Público solicita tres años de prisión para el director de departamento de seguridad de Madridec, Rafael Pastor; el coordinador de proyectos del departamento de operaciones de Madridec, Francisco del Amo; y los jefes de Seguriber Juan José París Nalda y Raúl Monterde. Y también para el vigilante de seguridad Roberto Mateos; y los socios de Control 34 Carlos Manzanares y Emilio Beillard.
Mientras que pide dos años y seis meses para el director general y número 2 de Diviertt, Santiago Rojo; el jefe de personal y número 3 de Diviertt, Miguel Ángel Morcillo; y el jefe de equipo de Seguriber durante la fiesta, Jose Antonio Díaz Romero. La Fiscalía retiró la acusación contra el técnico de operaciones de Madrided, José Ruiz Ayuso, y no formuló acusación contra el que fuera máximo responsable de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, aunque las acusaciones han mantenido la pena contra él de tres años de prisión, como también han hecho con Ayuso. Además, la Fiscalía reclama indemnizaciones para las familias de las víctimas que oscilan entre los 343.700 y 243.600 euros.
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